Opinión por: Enrique Andrade González (X: @e_andradeg)
ELECCIÓN JUDICIAL, ¿PARA QUE?
Estamos ya a menos de 60 días de que se lleven a cabo las elecciones extraordinarias para elegir a los principales funcionarios del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial en 19 estados del país, el debate respecto al origen de esta reforma, si fué por un capricho, por venganza, por ignorancia, por ingenuidad o de que esta no era necesaria, se superó con los resultados de la elección del año pasado y por una serie de decisiones institucionales y personales sucias, que permitieron que esta modificación constitucional tan importante finalmente exista y se deba cumplir.
La pregunta es para que querer controlar al Poder Judicial, ¿cambiar los criterios de defensa de derechos humanos, pro-persona? ¿Restringir derechos de defensa por ejemplo en el tema de impuestos? ¿ensanchar las facultades de detención y espionaje? ¿Acabar con empresas incomodas, expropiar, decomisar?, para que, no lo sabemos, pero ha sido tan decidido el empeño de hacerlo que algo debe haber atrás.
Ante esta realidad es importante señalar que en nuestro país ya tuvimos elecciones para elegir a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, bajo la vigencia de la constitución de 1857 bajo la presidencia de Ignacio Comonfort y la Presidencia de la Corte de Benito Juárez, que fue electo, aunque no por voto directo ya que el voto universal y directo se dio hasta 1911, con la elección de Francisco I Madero, pero si por voto indirecto a través de representantes electos por voto popular, algo similar al Colegio electoral de E.U.A.
Tras la salida de Comonfort y la caída del segundo imperio mexicano, en 1867 se realizaron elecciones para ministros de la Corte. Destacaron juristas y políticos como Sebastián Lerdo de Tejada, José María Iglesias, Ignacio L. Vallarta, Ignacio Ramírez (el Nigromante), Ignacio Manuel Altamirano, a decir del Dr. Juan Pastrana, personas integras e independientes, que supieron separar su cargo, de su amistad y afinidad partidaria con el presidente de la República, Benito Juárez.
Desde luego que no descartamos que las nuevas personas, ministros de la Corte que sean electas se comporten con la misma calidad jurídica y moral, para ello habrá que fijarnos a quienes vamos a elegir; pienso que en todo caso, concediendo que las resoluciones de la corte eran tardadas y que el acceso a la justicia es complicado, lo ideal hubiera sido realizarla de forma ordenada y paulatina y solamente para los ministros de la Corte, el ampliar la elección a otros cargos que deben ser muy especializados y técnicos nos pondrá en un problema de inexperiencia e improvisación en lo que es un tema muy sensible para la vida nacional.
Desde luego que hacer políticos a personas técnicas es mandarlas al Coliseo romano sin armas, pero además el INE ha emitido lineamientos y criterios para las personas candidatas que pareciera que parten de la base de que son tramposas o están ligadas con un poder factico, legal o ilegal salvo que se demuestre lo contrario.
Las reglas de propaganda y fiscalización que están imponiendo como si fueran candidatos de partidos políticos, son complicadas y excesivas; contratar proveedores del INE, presentar agenda de actividades, informar en tiempo real los gastos, tener una cuenta bancaria específica; se necesita contratar especialistas para lograrlo ¿no hubiera bastado simplemente con fijar topes e impedir que funcionarios públicos, Iglesia y terceros en general se pronuncien a favor o en contra de las personas candidatas? Sin sujetarlas a reglas tan estrictas de rendición de cuentas y de propaganda, que lo único que harán será que no se respeten y con ello lesionar todo el estado de derecho en el país, declarando que los nuevos juzgadores incumplieron la norma.
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