Las comisiones de Puntos Constitucionales, de Salud y de Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron con 40 votos a favor el dictamen de la minuta remitida por la Cámara de Diputados que busca reformar los artículos 4 y 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La reforma plantea prohibir y sancionar actividades relacionadas con vapeadores, cigarrillos electrónicos y el uso ilícito de fentanilo, así como de otras drogas sintéticas no autorizadas.
El presidente de la Comisión de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, explicó que la propuesta incluye modificaciones al artículo 4 constitucional para establecer que, como parte de la garantía del derecho a la protección de la salud, la ley sancionará la producción, distribución y venta de dispositivos como vapeadores y cigarrillos electrónicos, así como de sustancias tóxicas y precursores químicos.
Además, se enfatiza la prohibición del uso ilícito de fentanilo y otras sustancias sintéticas no autorizadas en el país. Por su parte, la reforma al artículo 5 busca impedir que las actividades relacionadas con la comercialización, distribución o uso de estos dispositivos y sustancias puedan ser consideradas como profesiones, industrias o actividades económicas legítimas.
Posturas encontradas en el Senado
Durante la discusión, legisladores de diversas bancadas manifiestan posturas diferentes. Manuel Huerta Ladrón de Guevara, de Morena, respaldó la reforma al considerar que es una medida necesaria para proteger a las juventudes de caer en adicciones.
“México no debe permitir que sus jóvenes queden atrapados en las adicciones”, señaló, e hizo un llamado a implementar programas de prevención y reducción del tabaquismo, además de garantizar el cumplimiento de las disposiciones que prohíben fumar en espacios públicos.
En contraste, Ricardo Anaya Cortés, del PAN, criticó la reforma por equiparar en un mismo marco constitucional el uso de vapeadores con el fentanilo, una sustancia que describió como “una de las más letales que ha conocido la humanidad”.
Además, el panista cuestionó que ningún otro país optó por la prohibición total de estos dispositivos, eligiendo en su lugar regularlos.
Desde el PRI, Claudia Edith Anaya Mota expresó su desacuerdo al considerar que la inclusión de estas disposiciones en la Constitución genera una “sobre legislación” innecesaria, dado que ya existen normativas que regulan estos temas. Advirtió también que prohibir los vapeadores podría fomentar la adquisición de productos de baja calidad en el mercado negro, lo que representaría un riesgo adicional para los consumidores.
Maki Esther Ortiz Domínguez, del PVEM, subrayó la necesidad de realizar campañas de prevención dirigidas a los jóvenes para informarles sobre los riesgos asociados al uso de vapeadores. Aunque reconoció la popularidad que han adquirido estos dispositivos entre la juventud, aseguró que esta reforma es un paso importante para proteger su salud.
Por parte del PT, Lizeth Sánchez García calificó tanto a los vapeadores como al fentanilo como amenazas graves para la salud y el futuro de la sociedad mexicana.
“Con esta reforma se pone un alto a que los intereses económicos de unas pocas personas estén por encima del bienestar de la mayoría”, afirmó.
El dictamen aprobado en comisiones será sometido a discusión y votación en el Pleno del Senado. De ser avalado, representará un cambio significativo en la legislación nacional al incorporar explícitamente en la Constitución la prohibición y sanción de actividades relacionadas con dispositivos electrónicos para fumar y el uso ilícito de sustancias altamente peligrosas como el fentanilo.
