La audiencia inicial en contra de María Amparo Casar Pérez, presidenta de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), fue cancelada por determinación judicial, en el marco de la investigación que enfrenta por una presunta pensión irregular otorgada por Petróleos Mexicanos (Pemex). La diligencia estaba programada para llevarse a cabo el martes 16 de diciembre de 2025 en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Oriente, donde la Fiscalía General de la República (FGR) tenía previsto imputarle el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.
La decisión fue tomada por Diana Selene Medina Hernández, jueza de control adscrita a dicho centro de justicia, quien ordenó dejar sin efectos la audiencia y devolver la solicitud presentada por la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción. En su resolución, la juzgadora instruyó a la administración del Centro de Justicia Penal Federal realizar la baja administrativa correspondiente y efectuar las anotaciones necesarias en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el fin de cancelar formalmente la audiencia programada para las 16:15 horas del 16 de diciembre.
De acuerdo con el documento judicial, la jueza consideró que la FGR debe continuar la acción penal ante el juez de Distrito con sede en el Reclusorio Norte, autoridad que ya tiene conocimiento de los hechos que el Ministerio Público pretende judicializar. En ese sentido, se dejó a salvo el derecho de la Fiscalía para volver a solicitar una audiencia inicial ante la autoridad competente que conoció previamente del caso, lo que abre la posibilidad de que la imputación sea retomada en una nueva fecha.
La investigación contra Casar Pérez se centra en una presunta pensión irregular que habría recibido tras el fallecimiento de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla García, ocurrido en 2004. De acuerdo con los señalamientos, el monto acumulado de dicha pensión ascendería a alrededor de 31 millones de pesos, lo que motivó la apertura de la carpeta de investigación por parte de la FGR y su posterior judicialización.
Tras la polémica generada por el caso y las críticas expresadas desde diversos sectores, la Fiscalía General de la República emitió un comunicado en el que rechazó categóricamente que exista “sesgo” o “consigna” en la investigación. La dependencia sostuvo que su actuación se apega estrictamente a la ley y que el procedimiento penal sigue su curso conforme a las determinaciones de las autoridades judiciales.
La cancelación de la audiencia no implica el cierre del caso ni una resolución de fondo sobre la responsabilidad penal de la presidenta de MCCI, sino un ajuste procesal que obliga a la Fiscalía a encauzar la imputación ante el juzgado que, según la jueza de control, resulta competente para conocer de los hechos. Mientras tanto, el expediente permanece abierto y a la espera de que el Ministerio Público federal determine los siguientes pasos en la investigación. Con información de López-Dóriga Digital.
Mientras tanto, un grupo de asociaciones e intelectuales como Héctor Aguilar Camín, Denise Dresser, Sergio Aguayo, Valeria Moy, Clara Jusidman, Javier Rojas, Jorge Castañeda, José Antonio Aguilar Rivera, María Elena Morera, Luis Carlos Ugalde, entre otros, firmaron un pronunciamiento en apoyo a Casar
En el documento sostienen que se vulneran principios fundamentales del Estado constitucional de derecho, como la legalidad, la seguridad jurídica y la presunción de inocencia.
Además, advierte que utilizar el derecho penal para perseguir a una persona por acceder a una prestación legalmente reconocida es “sumamente riesgoso”, ya que da pie a la persecución arbitraria de ciudadanos que ejercen derechos establecidos en la ley. También cuestionaron que, en un contexto marcado por casos graves de corrupción e impunidad de alto impacto, como el desfalco en Segalmex o señalamientos contra funcionarios de seguridad vinculados con el crimen organizado, los recursos institucionales se destinen a investigar penalmente a una ciudadana respecto de la cual, afirman, no existe conducta típica, antijurídica ni culpable.
En el pronunciamiento destacan el trabajo público y sistemático de Casar al frente de MCCI en materia de rendición de cuentas, transparencia y combate a la corrupción, el cual, señalan, forma parte del ejercicio legítimo de derechos como la libertad de expresión, la participación cívica y el control democrático, cuyas actividades no pueden ser consideradas una amenaza al orden institucional, sino una contribución indispensable para fortalecer la legalidad y la integridad pública. Por lo que exhortaron de manera firme a la FGR a conducirse con apego estricto a los principios de objetividad, legalidad, imparcialidad y debido proceso, y a desistir de cualquier acto de persecución, hostigamiento o investigación penal que no tenga base jurídica suficiente. Asimismo, hicieron un llamado al Estado mexicano para que oriente sus capacidades institucionales a investigar y sancionar los delitos que realmente dañan el interés público, y no a utilizar el derecho penal como mecanismo de intimidación o represalia.
