En un golpe significativo a la presunta infiltración del crimen organizado en gobiernos municipales, un juez federal vinculó a proceso a cinco funcionarios y exfuncionarios de Morelos por su probable participación en una red de delincuencia organizada ligada al Cártel de Sinaloa.
Entre los imputados destaca Agustín Toledano Amaro, presidente municipal de Atlatlahucan, junto con Irving Sánchez Zavala, exalcalde de Yecapixtla; Horacio Zavaleta Malacara, secretario del ayuntamiento de Cuautla; Jonathan Espinoza Salinas, tesorero municipal de Cuautla, y Pablo Portillo Galicia, oficial mayor del mismo municipio. Todos enfrentan cargos por delincuencia organizada y extorsión, con prisión preventiva oficiosa dictada por un juez con sede en Hermosillo, Sonora. La FGR cuenta con un plazo de 15 días para concluir la investigación complementaria.
Según el vocero de la FGR, Ulises Lara López, las indagatorias de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) identificaron la presencia de esta estructura criminal en al menos ocho municipios de la entidad, particularmente en la región oriente, incluyendo Atlatlahucan, Yecapixtla y Cuautla. El nexo principal sería Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”, señalado como operador regional del Cártel de Sinaloa (conocido localmente como “La Empresa”).
Las autoridades federales sostienen que el grupo criminal financió campañas políticas de candidatos que luego asumieron cargos públicos, con el objetivo de garantizar “libertad e impunidad” para actividades ilícitas como el narcotráfico, la extorsión y el desvío de recursos. Además, se menciona la intimidación a actores políticos opositores. Esta infiltración se habría consolidado tras las elecciones de 2024.
Uno de los elementos clave de la investigación es un esquema de cobros irregulares operado presuntamente desde la Tesorería de Cuautla. Funcionarios habrían utilizado personal municipal para exigir pagos a comerciantes bajo el pretexto de actualizar licencias de funcionamiento y uso de suelo, recursos que presuntamente beneficiaban a la organización criminal.
El caso cobró relevancia pública tras el “Operativo Enjambre”, en el que se ejecutaron órdenes de aprehensión y cateos en Morelos y Querétaro. Las detenciones se vinculan también a videos y fotografías difundidas en medios que muestran supuestas reuniones de alcaldes y funcionarios con “El Barbas” después de los comicios de junio de 2024.
Las investigaciones federales relacionan esta red con un aumento de la violencia en la entidad, incluyendo extorsiones, homicidios y disputas entre grupos delictivos. Incluso se mencionan las muertes de exalcaldes en 2022 y 2023, aunque sin establecer vínculos directos en todos los casos.
Cabe destacar que permanece prófugo Jesús Corona Damián, presidente municipal de Cuautla, contra quien existe orden de aprehensión. Las autoridades continúan con el análisis de más de 20 teléfonos celulares asegurados durante las detenciones, en busca de mayor evidencia.
Desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el titular Omar García Harfuch ha enfatizado que las acciones forman parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y que las investigaciones seguirán para desmantelar completamente la red. Mientras tanto, en Atlatlahucan y los municipios involucrados, la ciudadanía observa con expectativa el desarrollo del caso, en un contexto donde la gobernabilidad local se ve directamente amenazada por intereses criminales. La FGR ha asegurado que el expediente sigue abierto y que no se descartan nuevas detenciones.
