La prohibición de los vapeadores incluida en las recientes reformas a la Ley General de Salud volvió a ser tema central en el debate público y político en México. Desde la tribuna mediática, David Olivo, coordinador de proyectos prioritarios de Movimiento Ciudadano, fijó una postura clara: el problema debe atenderse desde la regulación y la acción efectiva, no desde la prohibición absoluta que, en su visión, corre el riesgo de convertirse en letra muerta y beneficiar al mercado negro. Así lo expuso durante su colaboración semanal en Radio Fórmula, donde abordó el tema desde una óptica de salud pública y no de cálculo político.
En su colaboración semanal en Radio Fórmula, Olivo subrayó que Movimiento Ciudadano ha manifestado su desacuerdo con la prohibición total de los vapeadores desde la legislatura pasada. Argumentó que, lejos de erradicar su consumo, la medida ha demostrado en la práctica que estos dispositivos siguen circulando de manera abierta y cotidiana en espacios públicos, restaurantes y calles, ofrecidos por vendedores ambulantes. Para el dirigente emecista, esta realidad evidencia que la prohibición no elimina el problema, sino que lo desplaza hacia esquemas de comercialización ilegal que escapan al control del Estado y agravan los riesgos para la salud, especialmente entre jóvenes y menores de edad.
Olivo reconoció que existe una preocupación legítima por el impacto de los vapeadores en la salud pública, en particular aquellos que no sólo contienen nicotina, sino también sustancias y drogas que generan adicciones. Sin embargo, insistió en que esa preocupación no debe traducirse automáticamente en un veto generalizado, sino en una política de regulación clara, con controles sanitarios, vigilancia efectiva y sanciones reales. De lo contrario, advirtió, la prohibición termina fortaleciendo a quienes operan en el mercado negro y distribuyen productos sin ningún tipo de supervisión.
Durante la conversación radiofónica, el coordinador de proyectos prioritarios de Movimiento Ciudadano también cuestionó la congruencia del enfoque gubernamental. Recordó que su partido ha impulsado históricamente la regulación de sustancias como la marihuana, bajo el argumento de que un mercado regulado permite mayor control, prevención y reducción de daños. En contraste, señaló que, aunque el bloque gobernante cuenta con los votos necesarios, ha optado por mantener la prohibición en el caso de los vapeadores, sin acompañarla de una estrategia integral que garantice su cumplimiento y evite que la norma quede sólo en el discurso.
Olivo fue enfático al señalar que México enfrenta un problema serio de adicciones que requiere acciones concretas y sostenidas, más allá de reformas legales que no se traduzcan en resultados tangibles. A su juicio, el verdadero reto está en impedir que productos peligrosos sigan llegando a jóvenes y niños, algo que difícilmente se logrará mientras la comercialización continúe en la clandestinidad. Por ello, reiteró que regular no significa promover el consumo, sino establecer reglas claras para proteger a la población y reducir los daños asociados.
La postura expresada por Olivo se inserta en un debate más amplio en el que Movimiento Ciudadano ha sido una de las voces más visibles en contra de la prohibición absoluta de los vapeadores dentro de la reforma a la Ley General de Salud.
Mientras el gobierno defiende la medida como una acción preventiva, el partido naranja insiste en que sin regulación efectiva, vigilancia y educación, la política corre el riesgo de fracasar. Para Olivo, el fondo del asunto no es ideológico, sino práctico: evitar que las leyes se queden en el papel y que, en nombre de la salud, se termine alimentando un problema aún mayor.
