La Fiscalía General de la República (FGR) amplió su investigación en torno a la muerte de Héctor Melesio Cuén, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ya un supuesto intento de encubrimiento por parte de funcionarios estatales.
Entre los implicados en la indagatoria figura la exfiscal del estado, Sara Bruna Quiñónez, junto con peritos del grupo de homicidios que participó en la investigación inicial.
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, afirmó que “nadie está excluido de ser investigado” en relación con este caso, luego de que surgieran nuevas pruebas que señalan posibles irregularidades en el manejo de la investigación por parte del Ministerio Público local. Según declaraciones del mandatario, el actuar de las autoridades estatales en este caso generaron dudas, lo que motivó que la FGR asumiera la investigación.
La FGR presentó indicios de que respaldan la versión proporcionada por Ismael “El Mayo” Zambada, narcotraficante y presunto testigo clave en los hechos que involucran tanto el asesinato de Cuén como su propio secuestro, supuestamente orquestado por uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Las investigaciones incluyeron análisis de evidencia científica, como manchas de sangre encontradas en la camioneta utilizada durante los sucesos y en un inmueble registrado en Huertos del Pedregal.
Contradicciones en las audiencias
El caso cobró mayor relevancia debido a las críticas expresadas por jueces federales sobre el desempeño de la FGR en audiencias recientes. Durante una sesión en el Centro de Justicia Penal Federal de Culiacán, el juez Alejandro Díaz cuestionó las imprecisiones presentadas por la fiscalía en relación con la identificación de la sangre encontrada en el lugar de los hechos, señalando que los resultados de genética no coincidían con el perfil de Cuén. El juez solicitó que la investigación sea perfeccionada antes de continuar con la solicitud de órdenes de aprehensión.
Estas contradicciones suscitaron tensiones entre el Poder Judicial y la fiscalía, ya que el colectivo Artículo 41, conformado por jueces y magistrados, señalaron inconsistencias en la presentación de los hechos por parte de la FGR. Según estos jueces, la dependencia ofreció información contradictoria al vincular el secuestro de Zambada, el homicidio de Cuén y la desaparición de otras personas, sin que estos elementos fueran discutidos de manera conjunta en las audiencias.
La posición del gobernador
Durante su habitual conferencia de prensa, Rocha Moya recordó que fue él quien solicitó al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador que la FGR atrajera la investigación, con el objetivo de asegurar transparencia y evitar sospechas en torno al manejo del caso a nivel local.
“No me corresponde emitir opiniones sobre la investigación. Esa es una facultad exclusiva de la fiscalía”, expresó el mandatario, insistiendo en su respeto por el proceso judicial.
Rocha Moya también desmintió los rumores que lo vinculaban a una reunión entre Cuén y Zambada antes de la muerte del exrector, calificando tales afirmaciones como infundadas. Además, aclaró que la actual fiscal de Sinaloa, Claudia Sánchez Kondo, no ha sido citada a declarar, dado que no estaba involucrada en el caso durante su desarrollo inicial.
Nuevas pruebas y posibles implicaciones.
La FGR reportó que en una reciente inspección en la finca de Huertos del Pedregal se encontraron más indicios hemáticos que coinciden con el perfil genético de Cuén. Este hallazgo se suma a las sospechas de un montaje de los hechos por parte de las autoridades locales, las cuales presuntamente alteraron la escena del crimen.
