Opinión Por: Alejandro Pérez Corzo

Vida digna y derecho a morir con dignidad

Imagina que padeces una enfermedad incurable, progresiva y además tan dolorosa que los medicamentos más fuertes (y caros) no logran paliar el dolor. Ahora imagina, además, que si por tu propia voluntad decidieras acabar con tu sufrimiento y morir con dignidad, los seres queridos y profesionales de la salud que, por respeto a tu voluntad o por piedad, decidan ayudarte, serían acusados de homicidio. Imagina que, además de vivir tus últimos días en medio de tanto sufrimiento, tengas que irte sabiendo que, junto al dolor de tu partida, le dejas a quienes respetaron tu voluntad, o tuvieron piedad de tu sufrimiento, tremendo problema legal.

No imagines más, hoy en México, aunque ha habido avances como la declaración de voluntad anticipada, para evitar el encarnizamiento terapéutico, la eutanasia está penada por la ley. 

Esto plantea una contradicción ética y legal difícil de ignorar. Por un lado, se nos reconoce el derecho a la vida, pero por otro, se nos niega el derecho a una muerte digna, aun cuando la medicina moderna ya no puede ofrecernos una calidad de vida aceptable. La eutanasia, como opción legítima de autodeterminación sobre el propio destino, ha sido ya despenalizada en varios países, mientras en México continuamos atrapados en discusiones que parecen estar más basadas en prejuicios morales que en la defensa de los derechos individuales de quienes padecen.

El reconocimiento de la vida como un valor supremo no debería anular el derecho a la dignidad en la muerte. Forzar a alguien a continuar en un estado de sufrimiento insoportable, sabiendo que no hay posibilidad de recuperación, no solo vulnera los principios fundamentales de la dignidad humana, sino que perpetúa un sistema en el que el dolor y la desesperanza pesan más que la compasión.

Es cierto que los detractores de la eutanasia, argumentando el riesgo de abuso, han frenado el avance legislativo en esta materia. Sin embargo, en aquellos países que han regulado adecuadamente este derecho, como Bélgica y los Países Bajos, los mecanismos de control han demostrado ser efectivos. No se trata de promover la muerte, sino de garantizar que quienes se encuentran en situaciones límite puedan optar por una salida digna, siempre bajo estrictos estándares éticos y con la intervención de varios profesionales de la salud.

Lamentablemente, en México hemos visto cómo el partido en el poder, que tanto se jacta de ser una fuerza progresista, se ha mostrado profundamente conservador en este y otros temas. Mientras pregonan la transformación, en realidad han optado por mantener un statu quo que sigue ignorando los derechos de aquellos que más sufren. Su falsa bandera progresista contrasta con su negativa a legislar sobre temas tan urgentes como el derecho a la muerte digna. Este inmovilismo, que responde más a cálculos políticos que a un verdadero compromiso con la ciudadanía, es un reflejo claro de su contradicción entre discurso y acción.

Es tiempo de enfrentar este falso progresismo y avanzar hacia una legislación que, en lugar de imponer sufrimientos innecesarios, garantice el respeto a la autonomía individual. El derecho a decidir sobre nuestra vida y nuestra muerte debería estar en el centro de cualquier sociedad que realmente busque proteger la dignidad humana.

* Las declaraciones y opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien las escribe y firma, y no representan el punto de vista de Enboga.