La voz colectiva del país está marcada por la desazón: según la más reciente edición de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) dada a conocer por el INEGI, el 63 % de la población de 18 años o más que reside en 91 áreas urbanas de interés considera que vivir en su ciudad es inseguro. Esta cifra representa un salto marcado respecto a septiembre de 2024, cuando la percepción se ubicaba en 58.6 %.
El dato adquiere mayor peso al considerar que se registró un aumento en 29 de esas áreas urbanas frente al mismo lapso del año anterior, lo cual refleja que el temor no es un fenómeno aislado sino que se difunde en distintos entornos geográficos.
El porcentaje es prácticamente uniforme para ambos sexos en su línea mayoritaria, pero con matices relevantes: 68.2 % de las mujeres manifestaron sentir que vivir en su ciudad es inseguro, frente a 56.7 % de los hombres.
Asimismo, la encuesta identifica con claridad los espacios donde el temor es mayor: 71.7 % de los encuestados dijo sentirse inseguro al usar cajeros automáticos en calles públicas; 64.9 % por abordar el transporte público; 64.4 % cuando camina en la calle, y 57.1 % en la carretera.
Entre las ciudades donde la sensación de inseguridad alcanza niveles extremos, destacan la capital sinaloense de la Culiacán (88.3 %), la industrial de Irapuato en Guanajuato (88.2 %), la fronteriza de Chilpancingo de los Bravo en Guerrero (86.3 %), el municipio de Ecatepec de Morelos en el Estado de México (84.4 %) y la zona metropolitana de Cuernavaca en Morelos (84.2 %). En el extremo opuesto del espectro se sitúan lugares como San Pedro Garza García, Nuevo León, con apenas 8.9 % de la población que dijo sentirse en riesgo.
El aumento en la percepción de inseguridad —aun cuando el porcentaje en términos absolutos muestra una ligera disminución respecto al trimestre previo— debe leerse con detenimiento: si bien a nivel nacional no se registró un cambio estadísticamente significativo con relación a junio de 2025, la comparación interanual indica un deterioro claro.
Este desfase entre la realidad oficial delictiva y la percepción ciudadana ha sido tema recurrente en los últimos años. Mientras distintos informes gubernamentales reportan una disminución en homicidios dolosos o delitos de alto impacto, la confianza social en la seguridad pública se resiste a recomponerse.
El dato no es meramente cuantitativo, sino que plantea retos de gobernanza y política pública. En primer lugar, la confianza en las instituciones se encuentra bajo tensión: si más del 60 % considera inseguro vivir en su ciudad, ¿qué tan eficaz es la estrategia de seguridad adoptada? Según el propio INEGI, apenas 30.3 % de la población considera que el gobierno de su ciudad es “muy o algo efectivo” para resolver los problemas más importantes.
Adicionalmente, el fenómeno no es homogéneo ni estático. Las 29 ciudades que reportaron un aumento en la percepción de inseguridad están distribuidas en distintas regiones del país, lo que exige una mirada localizada más que un abordaje general. El territorio y el contexto socioeconómico —propios del crimen organizado, la desigualdad, el rezago institucional— juegan un papel central en la construcción del miedo. En ciudades como Culiacán, la presencia del crimen organizado y las disputas entre células criminales han sido señaladas como factores que erosionan la seguridad cotidiana.
Desde la perspectiva de género, el hecho de que las mujeres se sientan en mayor grado inseguras es consistente con hallazgos previos que muestran su exposición diferenciada al delito y el miedo. Esa brecha es un componente estructural que no admite soluciones genéricas sino políticas sensibles al género.
En este contexto, la pregunta central para el gobierno de Claudia Sheinbaum —y para el espacio público en su conjunto— es si el descenso de indicadores delictivos puede revertir el deterioro de la percepción ciudadana, o si los esfuerzos deben orientarse también a mejorar la comunicación, la transparencia y la rendición de cuentas en materia de seguridad. Porque al final, la seguridad se construye tanto con hechos como con la confianza que generan.
La encuesta del INEGI concluye que el aumento de la sensación de inseguridad es un claro llamado de atención para las autoridades, pues el miedo puede ser tan paralizante como la violencia misma. Si se descuida, corremos el riesgo de ver erosionada no solo la seguridad, sino la cohesión social y la vigencia de un Estado que proteja.
En un país donde seis de cada diez personas dicen sentirse inseguras al entrar a un cajero automático, subir al transporte o caminar por su calle, el debate sobre la seguridad deja de ser un asunto técnico para convertirse en una cuestión de legitimidad democrática.
