El Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas anunció la apertura de un procedimiento inédito para que la Asamblea General examine posibles indicios de una práctica generalizada o sistemática de desaparición forzada en México, en aplicación del Artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. El Gobierno mexicano expresó su desacuerdo con la decisión, asegurando que el mecanismo debe aplicarse solo en “circunstancias excepcionales”.
La ONU examina posibles desapariciones sistemáticas en México
El Comité contra la Desaparición Forzada (CED) comunicó que, tras una revisión exhaustiva de la información disponible, decidió activar por primera vez el procedimiento del Artículo 34 de la Convención.
Juan Pablo Albán, presidente del Comité, explicó ante la Asamblea General que esta decisión se basa en indicios bien fundados de que la desaparición forzada podría estar ocurriendo de manera extendida y organizada en el territorio mexicano.
“El Artículo 34 faculta al Comité para remitir el caso al pleno de Naciones Unidas cuando existen señales claras de una práctica generalizada o sistemática”, señaló Albán.
El procedimiento representa un precedente histórico, pues nunca antes se había aplicado a un Estado parte de la Convención. El CED informó que los pasos siguientes se comunicarán en los próximos días.
Reacciones del Gobierno mexicano ante la decisión de la ONU
El embajador Héctor Vasconcelos, representante permanente de México ante la ONU, manifestó ante la Tercera Comisión de la Asamblea General que el Estado “no comparte” la resolución del Comité.
Afirmó que el Artículo 34 debe emplearse únicamente en casos de carácter extraordinario y con base en criterios objetivos.
“En México no existe una política estatal que consienta, permita u ordene desapariciones forzadas”, expresó Vasconcelos.
El Gobierno, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, reiteró su compromiso con los derechos humanos y su disposición al escrutinio internacional. Además, recordó que el país ha facilitado visitas y observaciones de diversos organismos de Naciones Unidas en materia de desapariciones y justicia transicional.
Desapariciones forzadas en México: cifras y magnitud de la crisis
El anuncio del CED ocurre en un contexto de crisis prolongada de desapariciones en México. Según la Secretaría de Gobernación, hasta octubre de 2025 existen más de 133,000 personas desaparecidas, con un promedio de 45 nuevos casos diarios.
Datos del INEGI y la Fiscalía General de la República (FGR) muestran que solo se han emitido 373 sentencias por desaparición forzada, lo que refleja un alto nivel de impunidad.
México también concentra el 37% de las Acciones Urgentes emitidas por el Comité a nivel global, con más de 770 casos activos. A esto se suma una crisis forense con más de 72,000 cuerpos y restos humanos sin identificar en morgues y fosas comunes.
Implicaciones del Artículo 34 y definición del delito de desaparición forzada
La activación del Artículo 34 se sustenta en la sospecha de que las desapariciones en México podrían alcanzar un carácter generalizado o sistemático.
- Generalizado: implica una afectación de gran escala que impacta a un número considerable de personas en distintas regiones del país.
- Sistemático: hace referencia a una práctica organizada, repetitiva y con posible participación directa o indirecta de autoridades estatales.
El Artículo 5 de la Convención establece que, en tales circunstancias, la desaparición forzada puede constituir un crimen de lesa humanidad.
La definición internacional considera este delito como la privación de libertad ejecutada por agentes del Estado o por personas que actúan con su autorización, apoyo o aquiescencia. También incluye casos en los que grupos criminales o paramilitares operan con tolerancia estatal.
Un precedente internacional y un desafío nacional
La intervención del CED marca un momento crítico para México ante la comunidad internacional. Mientras el Gobierno rechaza las conclusiones de la ONU, organizaciones civiles y familiares de víctimas insisten en la necesidad de verdad, justicia y rendición de cuentas.
El desarrollo del procedimiento ante la Asamblea General de la ONU podría redefinir el marco internacional sobre desapariciones forzadas y el grado de responsabilidad estatal en su prevención y sanción.
