En medio de cuestionamientos sobre su autonomía y capacidad de actuación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos rechazó el informe elaborado por el Comité contra las Desapariciones Forzadas, en el que se analiza la situación de las desapariciones en México y se plantea la posibilidad de llevar el caso ante la Asamblea General del organismo internacional para fortalecer acciones de prevención, investigación, sanción y erradicación de este delito.
El organismo nacional sostuvo que el documento carece de sustento suficiente al no considerar, en su valoración, los esfuerzos institucionales, financieros y presupuestales que el Estado mexicano ha desplegado en los últimos años. En su posicionamiento, la Comisión argumentó que el análisis presentado por el comité omite avances relevantes en materia de seguridad y derechos humanos, particularmente desde 2018, periodo en el que —afirmó— se ha registrado una disminución en los casos de desapariciones forzadas atribuibles a autoridades federales, hasta niveles que calificó como prácticamente inexistentes.
La CNDH también señaló que el informe del órgano dependiente de la Organización de las Naciones Unidas no incorpora una perspectiva histórica adecuada, al no valorar con suficiente profundidad el impacto de la estrategia de seguridad implementada durante el gobierno del ex presidente Felipe Calderón, conocida como la “Guerra contra el Narcotráfico”. De acuerdo con la Comisión, dicho periodo concentra la mayor parte de las quejas en expedientes por desaparición forzada, muchas de las cuales —aseguró— no fueron debidamente atendidas en su momento por las autoridades.
En ese sentido, el organismo acusó al comité internacional de adoptar una postura que calificó como “acomodaticia y sesgada”, al minimizar las consecuencias de esa estrategia de seguridad, al tiempo que, sostuvo, reduce o ignora los avances normativos, institucionales y de voluntad política impulsados en años recientes para enfrentar esta problemática.
Asimismo, la Comisión subrayó que el análisis del comité tampoco toma en cuenta factores estructurales que inciden en la persistencia de las desapariciones, como el papel de las organizaciones criminales y las dinámicas regionales e internacionales vinculadas al consumo de drogas, el tráfico de armas y el lavado de dinero. A juicio del organismo, estos elementos han contribuido al fortalecimiento de los grupos delictivos en México y forman parte indispensable para comprender la complejidad del fenómeno.
El posicionamiento concluye que el informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas carece de un entendimiento integral de la realidad mexicana, al omitir tanto el contexto histórico como las condiciones internacionales que inciden en la violencia, y al no reconocer —según la CNDH— los avances alcanzados por el Estado en los últimos años. La respuesta del organismo se produce en un contexto de críticas recurrentes hacia su desempeño, particularmente por señalamientos sobre una presunta falta de independencia frente al poder político.
