La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) denunció la reforma judicial impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum y su mayoría en el Congreso, calificándola como un serio retroceso para la independencia judicial en México.
La asociación advirtió que esta medida podría comprometer tanto la estabilidad democrática del país como sus compromisos internacionales, incluido el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
El comunicado de la JUFED señaló que la reforma vulnera la independencia del Poder Judicial, lo que pone en riesgo la imparcialidad necesaria para resolver disputas comerciales bajo los términos del T-MEC. Esta situación, según los jueces, podría afectar la confianza de los inversionistas extranjeros y debilitar el sistema legal que protege los derechos de ciudadanos e inversionistas.
“La citada reforma presenta varios impactos preocupantes. En primer lugar, no respeta la alta especialización y competencia de los tribunales actuales en áreas críticas como telecomunicaciones, propiedad intelectual y medio ambiente, lo que puede afectar la capacidad de México para cumplir con sus obligaciones bajo el T-MEC”, se lee en el comunicado.
Los jueces recordaron que la falta de independencia judicial puede generar incertidumbre legal y desacelerar la inversión extranjera en el país, en un momento clave para el desarrollo económico de México. También subrayaron que el capítulo 23 del T-MEC establece claramente la necesidad de un sistema judicial imparcial para garantizar la correcta implementación de los acuerdos laborales y comerciales.
“La falta de un sistema judicial confiable podría erosionar la confianza de los inversores y desincentivar la inversión en el país”, expresó la JUFED.
La JUFED también destacó que la reforma judicial destruye avances alcanzados previamente, como la reforma laboral de 2019, que fortaleció la justicia laboral autónoma y especializada, conforme a las exigencias del T-MEC. Esta nueva legislación, advirtieron, debilita la profesionalización y especialización de los jueces y magistrados.
En el comunicado de la JUFED, recordaron la posición del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, en el que manifestó su preocupación ante la posible aprobación de elecciones directas de jueces en 2025 y 2027, advirtiendo sobre el riesgo que esto representaría para la seguridad y la estabilidad comercial entre ambos países.
“También creo en mi opinión que el debate sobre la elección directa popular de jueces en estos tiempos… amenaza la relación histórica comercial que hemos construido, la cual depende de la confianza de las inversiones que se tienen que hacer aquí en México para lograr la prosperidad del pueblo de México”, afirmó Salazar.
La JUFED advirtió que la reforma no solo contraviene los compromisos regionales establecidos en el T-MEC, sino que también vulnera el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación con la Unión Europea.
La organización hizo un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que actúe en defensa de la independencia judicial y exhorte a organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a condenar este “golpe de Estado franco y abierto”.
“Los mexicanos están perdiendo su derecho a una justicia imparcial y el respeto a sus derechos humanos está en riesgo”, enfatizó la JUFED.
