La Fiscalía Anticorrupción ejecutó un operativo de cateo en un domicilio de lujo en la calle Nueva Rusia, ubicada en la colonia Recursos Hidráulicos, como parte de una investigación en curso contra Dionisio Manuel Álvarez Anonales, exdirector del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo durante la administración del gobernador Cuauhtémoc Blanco. La acción se realizó en cumplimiento a una orden de aprehensión por presuntos actos de corrupción vinculados a su gestión.
El operativo, sin embargo, dio un giro inesperado cuando los agentes descubrieron restos humanos, huellas hemáticas y otros indicios relevantes que apuntan a posibles delitos más graves. Durante la inspección, los elementos de la Fiscalía hallaron cráneos y restos humanos en un cuarto situado en el área de lavado de la vivienda. Además, se encontraron restos de animales, cuernos y objetos que podrían estar relacionados con rituales de santería o brujería.
A lo largo del operativo, un escolta armado de Álvarez Anonales intentó resistirse a la autoridad, desfundando su arma e intimidando a los agentes. No obstante, fue detenido inmediatamente al no poder justificar la posesión del arma y negarse a colaborar con las autoridades. Actualmente, el escolta se encuentra bajo arresto y a disposición de las autoridades competentes.
La gravedad de los hallazgos en el inmueble ha obligado a las autoridades a solicitar la intervención de peritos forenses y de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas. Estos nuevos elementos han derivado en la apertura de una nueva carpeta de investigación, que abarca delitos como desaparición forzada en su modalidad de ocultamiento de cadáveres y violaciones a la Ley de Inhumación y Exhumación de Cadáveres.
El caso, inicialmente centrado en una investigación por corrupción, ha abierto una nueva línea de pesquisa que podría complicar aún más la situación legal de Álvarez Anonales, quien sigue prófugo. Las autoridades continúan con las acciones necesarias para dar con su paradero y hacer frente a las nuevas imputaciones.
Es importante recordar que, según el artículo 20 constitucional, toda persona imputada tiene derecho a la presunción de inocencia hasta que se determine su responsabilidad mediante una sentencia judicial.
