Hernán Bermúdez Requena, conocido como El Abuelo o El Comandante H, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, fue detenido este viernes en Asunción, Paraguay. Sobre él pesan acusaciones de encabezar la organización criminal La Barredora, un grupo ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La captura se llevó a cabo en una residencia de lujo ubicada en el exclusivo barrio Surubi’i de la capital paraguaya, como parte de un operativo conjunto entre autoridades mexicanas y locales. De acuerdo con fuentes oficiales, Bermúdez será trasladado en las próximas horas a México para enfrentar los cargos que se le imputan, entre ellos asociación delictuosa, secuestro y extorsión.
Bermúdez, quien fue jefe policial en Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López, había salido del país a principios de 2025 para evadir una orden de aprehensión y desde entonces contaba con ficha roja de Interpol. La investigación en su contra involucró a la Fiscalía de Tabasco, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría de Seguridad federal, que documentaron sus presuntos vínculos con redes de tráfico de migrantes, cobro de piso y control de centros nocturnos.
La Barredora, según reportes oficiales, operaba principalmente en el sureste del país y mantenía nexos con el CJNG, expandiéndose hacia otros estados con actividades que iban desde el secuestro exprés hasta el blanqueo de capitales mediante empresas fachada.
La detención de Bermúdez no solo representa un golpe a las estructuras criminales en México, sino que también reaviva cuestionamientos sobre las conexiones políticas que le permitieron ocupar cargos de alto nivel en Tabasco. Desde el gobierno federal, la administración de Claudia Sheinbaum ha presentado el caso como una muestra de su política de “cero tolerancia a la corrupción”.
Mientras se concreta su extradición, las autoridades mexicanas buscan determinar el alcance de su red de complicidades y hasta dónde se extendía su protección institucional. El caso promete tensar aún más el debate sobre la infiltración del crimen organizado en las estructuras de seguridad pública.
Adán Augusto en el centro del debate
Aunque no hay pruebas directas que vinculen a López Hernández con las operaciones criminales de Bermúdez, la detención reabre un flanco de vulnerabilidad política. En círculos opositores ya se habla de un “daño reputacional severo” para el exgobernador, que podría afectar sus aspiraciones de liderazgo dentro de Morena y su margen de maniobra en la sucesión interna.
Incluso dentro del oficialismo, la captura coloca presión sobre las facciones cercanas a Adán Augusto, obligándolas a deslindarse de un excolaborador cuyo historial delictivo ahora está siendo documentado judicialmente.
Morena entre la celebración y el desgaste
La dirigencia nacional de Morena enfrenta un dilema: por un lado, la captura puede exhibirse como un logro del actual gobierno en la lucha contra el crimen; por otro, inevitablemente abre un frente de críticas por haber dado espacio y poder a personajes que hoy aparecen como operadores del narcotráfico.
La oposición aprovechará la coyuntura para insistir en la “captura institucional” de los aparatos de seguridad y cuestionar si la 4T realmente ha logrado blindarse frente al crimen organizado.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha subrayado que el caso confirma el compromiso de su administración con la justicia. Sin embargo, también enfrenta la presión de garantizar un proceso judicial transparente y sin sesgos políticos. El manejo de la extradición y eventual juicio en México marcará no solo el destino legal de Bermúdez, sino también la credibilidad del gobierno en su cruzada contra la corrupción.
Termómetro del verdadero alcance de la lucha anticorrupción
La detención de Hernán Bermúdez Requena representa mucho más que un golpe al crimen organizado: es un terremoto político que golpea directamente a Morena y que coloca a Adán Augusto López bajo la lupa. El caso será un termómetro del verdadero alcance de la lucha anticorrupción y un recordatorio de que las redes criminales no se entienden sin la complicidad política que las respalda.
