Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) publicó una investigación en la que vincula a un empresario tabasqueño, Saúl Vera Ochoa, con la concesión del recinto fiscal (muelle) 289 del puerto de Tampico —lugar señalado en la investigación judicial como ruta de entrada de buques con combustible de contrabando— y con la precandidatura presidencial que impulsó al senador Adán Augusto López Hernández. El señalamiento parte de declaraciones de un testigo protegido en la carpeta de investigación y de documentos societarios que, según MCCI, muestran vínculos empresariales y registrales entre Vera y empresas que controlan la concesión.
¿Qué dice la investigación?
- La empresa Tampico Terminal Marítima S.A. de C.V. obtuvo la concesión del muelle fiscal 289 en junio de 2020; esa compañía, según el expediente y los registros consultados por MCCI, está vinculada a Saúl Vera Ochoa y a un administrador identificado en actas como Antonio Dávila “Capiterucho”.
- Un testigo protegido, identificado en la carpeta como “Santo” (el ex titular de la Aduana de Tampico, Alejandro Torres Joaquín), declaró ante la Fiscalía que buques con huachicol atracaban en ese muelle y que a él le pagaban 1.7 millones de pesos por cada barco, cantidad que recogía en oficinas de la Plaza Laguna; señaló además que “Capiterucho” y otras personas recogían partes de esos sobornos. MCCI tuvo acceso a ese expediente.
- En la misma investigación aparecen operadores identificados como Osvel/Osvaldo Tudón Rojas, quien habría constituido empresas relacionadas y cuyo domicilio coincide con la oficina donde, según el testigo, se coordinaba la entrega de dinero.
Contexto mayor: la investigación sobre el “megabuque” y la red del huachicol fiscal
Las revelaciones sobre el muelle 289 llegan en el marco de una investigación federal más amplia que estalló tras el aseguramiento —en marzo de 2025— del buque Challenge Procyon, identificado por autoridades como cargado con millones de litros de diésel que llegaron desde Estados Unidos y que, según la indagatoria, fueron desviados por una red de contrabando y manejo irregular en aduanas y puertos. Ese decomiso (varias fuentes hablan de 10 millones de litros asegurados) fue seguido de detenciones de militares, funcionarios portuarios y empresarios, y de una batería de aseguramientos de bienes.
Esa operación federal —Semar, FGR, SSPC y otras dependencias— es el origen de la carpeta que hoy permite ligar al menos un recinto portuario (el 289) con maniobras de huachicol fiscal y con personas que, según el testigo, cobraban y distribuían sobornos.
¿Por qué la investigación pone en el centro a Adán Augusto?
MCCI y otros medios señalan que Saúl Vera Ochoa es un empresario tabasqueño cercano al grupo político de Adán Augusto López: apoyó públicamente su precandidatura y participó en foros en los que se le vio con figuras del entorno de Morena. MCCI además reporta que una de las empresas accionistas de la concesionaria fue constituida en la notaría de Adán Augusto. Esos hechos, sumados a las declaraciones del testigo, son la base de las piezas periodísticas que hoy vinculan políticamente al senador y exgobernador tabasqueño con actores empresariales que aparecen en la investigación.
Importante precisar: el vínculo que hoy se reporta es político y de cercanía (apoyos y apariciones públicas), y la acusación sobre la operación del muelle como punto de entrada de combustible ilícito proviene de declaraciones de testigos protegidos y de registros societarios. No hay, al menos en las fuentes abiertas hasta la fecha, una sentencia penal que condene a Adán Augusto por hechos de huachicol: la pesquisa está en curso y las imputaciones formales recaen por ahora en empresarios, marinos y funcionarios señalados en la red.
Los actores señalados y sus roles
- Saúl Vera Ochoa: accionista/apoderado en las empresas ligadas a la concesión del muelle 289; públicamente identificado como promotor de la aspiración política de Adán Augusto.
- Antonio Dávila “Capiterucho”: aparece como administrador único en actas de la concesionaria; exfuncionario con paso por la CONAGUA, identificado por el testigo como quien recibía pagos.
- Osvel/Osvaldo Tudón Rojas: operador señalado por fuentes portuarias; constituyó Tuac Shipping Agency (con domicilio en la Plaza Laguna), el mismo lugar donde el testigo dice que se entregaba dinero.
- Red mayor: la investigación federal ha detenido y vinculado a marinos (incluyendo mandos) y a otros servidores públicos y empresarios en una estructura que imprimía impunidad operativa al contrabando vía puertos. El caso Challenge Procyon es el detonante público que sacó a la luz esa madeja.
Reacciones políticas y riesgos reputacionales
La publicación de MCCI y la cobertura nacional e internacional han desatado reacciones en el Congreso y en la opinión pública: la oposición exige investigaciones exhaustivas que lleguen a los responsables políticos y a los beneficiarios, mientras que figuras del grupo de Morena llaman a confiar en la Fiscalía y a evitar conclusiones prematuras. El propio Adán Augusto, en distintos momentos, ha pedido cautela y ha dicho confiar en las indagatorias; hasta ahora no hay, en fuentes públicas de alto perfil, registro de que el senador haya sido formalmente llamado a declarar por estos hechos.
Para el liderazgo de Morena y para la Cuarta Transformación, este episodio representa un riesgo político claro: la mezcla —real o percibida— entre amigazgos empresariales y concesiones estratégicas alimenta la narrativa de impunidad y nepotismo contra la que el gobierno dice luchar. En campaña política o en mesas legislativas, estos hallazgos se pueden traducir en presiones para auditar concesiones portuarias, revisar nombramientos y exigir comparecencias.
Qué falta por confirmar (y cómo se puede seguir el caso)
- Responsabilidades penales concretas: los reporteros se basan en testimonios y actas; corresponde a la FGR y a los tribunales convertir esas piezas en imputaciones formales y, eventualmente, sentencias si hay pruebas suficientes.
- Acciones administrativas sobre concesiones: verificar si la ASIPONA (o la autoridad portuaria) revocará o auditará la concesión del muelle 289 y si habrá aseguramientos de bienes vinculados a la empresa concesionaria. Documentos oficiales de concesionarios pueden consultarse en los portales de datos abiertos del Puerto de Tampico.
- Nuevas detenciones o vínculos: la investigación federal (iniciada tras el decomiso del Challenge Procyon) ha sido dinámica; es razonable esperar nuevos aseguramientos y citatorios conforme avancen peritajes y testimonios.
¿Por qué debe importar al electorado?
No se trata sólo de un escándalo técnico sobre un muelle: es la confirmación, según los documentos y testimonios a los que han tenido acceso los medios investigativos, de cómo canales logísticos y concesiones públicas pueden ser aprovechados por redes que mezclan operadores privados, funcionarios y personal militar. Cuando esas redes emergen a la superficie y asoman conexiones con figuras políticas de alto perfil, se abre un doble deber: que la justicia actúe con transparencia y que la sociedad —vía prensa y órganos de control— exija claridad para evitar la impunidad. En términos prácticos, las consecuencias políticas pueden incluir desde demandas de aclaración en el Senado hasta pérdida de capital político para quienes sean señalados por la prensa y por el expediente; en términos institucionales, la prueba de fuego será ver si la Fiscalía y los tribunales traducen la investigación en responsabilidades efectivas y si el Estado corrige las fallas administrativas que permitieron la operación.
La investigación completa puedes leerla aquí
