El Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés) resolvió poner fin a la inmunidad antimonopolio que desde 2017 respaldaba la alianza entre Aeroméxico y Delta Airlines.
De acuerdo con el organismo, la medida se justifica por “efectos anticompetitivos persistentes en los mercados entre Estados Unidos y la Ciudad de México, que otorgan una ventaja indebida a Delta y Aeroméxico”.
El DOT subrayó que ambas compañías controlan más del 60% de los slots en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), situación que redujo las oportunidades de acceso para otros operadores.
La reacción de Aeroméxico fue inmediata y se centró en destacar la aportación de la alianza a la conectividad aérea.
“Aeroméxico lamenta esta decisión, la cual pasa por alto los beneficios que la alianza ha brindado a la conectividad, el turismo y a los consumidores en México”, indicó la empresa en un comunicado.
La aerolínea mexicana precisó que los pasajeros no resultarán afectados de manera inmediata, pues los acuerdos de código compartido con Delta continúan vigentes.
Esto garantiza, según la compañía, que los viajeros podrán seguir utilizando la red conjunta de rutas, además de conservar los beneficios de los programas de viajero frecuente, como la acumulación y el canje de puntos.
Aeroméxico explicó también que la cooperación con Delta permitió, durante los últimos ocho años, operar hasta 90 vuelos diarios en 60 rutas transnacionales, movilizando a cerca de 50 millones de pasajeros.
Solo en 2024, realizaron más de 30 mil vuelos entre ambos países, una cifra que, de acuerdo con la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), representó el 19.8% del tráfico total de pasajeros en ese mercado.
La compañía subrayó que la sociedad es clave para fortalecer su competitividad frente a otras aerolíneas internacionales, pues el intercambio de recursos, personal y servicios permiten ofrecer una experiencia de viaje más amplia.
Según su comunicado, la empresa continuará trabajando para mantener estándares de servicio y conectividad, independientemente de la resolución del regulador estadounidense.
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— Aeroméxico (@Aeromexico) September 16, 2025
Por su parte, Delta Airlines manifestó su inconformidad al señalar que la decisión tendrá repercusiones directas en la operación y en el empleo en Estados Unidos. La empresa afirmó que la resolución provocará un “daño significativo” a trabajadores en Estados Unidos, comunidades y viajeros entre ambos países.
El DOT adelantó desde julio la posibilidad de cancelar la inmunidad, con el argumento de que las decisiones del Gobierno mexicano en 2022 y 2023 —como la reducción de slots en el AICM y el traslado de carga al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA)— generaron distorsiones en el acuerdo bilateral de 2015, en perjuicio de aerolíneas estadounidenses.
Aunque la joint venture se disolverá, Delta mantiene un 20% de participación accionaria en Aeroméxico. Esta condición permitirá conservar mecanismos de cooperación bajo marcos como el código compartido y los programas de fidelidad, siempre respetando las normas antimonopolio vigentes.
El regulador estadounidense dejó abierta la posibilidad de una futura alianza, aunque precisó que las “condiciones deben cambiar”.
En este sentido, reconoció que México dio pasos recientes al devolver slots confiscados en el AICM y modificar la Ley de Aeropuertos sobre su asignación, pero aclaró que estas medidas “están lejos” de resolver los problemas de competencia.
En el ámbito sindical, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) también se pronunció. El gremio señaló que la determinación —traerá consecuencias relevantes para la industria aérea de ambos países—.
El secretario general de ASPA, Jesús Ortiz Álvarez, advirtió previamente que el fin de la alianza podría derivar en la pérdida de 1.8 millones de asientos y un impacto económico con riesgo de despidos para pilotos. La organización reiteró que mantendrá la defensa de sus agremiados y de otros trabajadores del sector aéreo.
La decisión, formalizada en la orden 2025-9-8 firmada por Sean P. Duffy, entrará en vigor el 1 de enero de 2026.
