El Senado de la República aprobó por unanimidad la minuta que reforma el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución en materia de extorsión y remitió el proyecto a las legislaturas estatales y de la Ciudad de México para su análisis.
La modificación faculta al Congreso de la Unión para expedir una Ley General contra la Extorsión, con el objetivo de homologar sanciones, perseguir de oficio este delito y fortalecer la coordinación entre niveles de gobierno.
De acuerdo con la presidente de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, la reforma representa un avance en la estrategia nacional para atender un problema que afecta directamente a las familias mexicanas.
“Esta reforma constitucional faculta al Congreso de la Unión para expedir la Ley General contra la Extorsión, que permitirá perseguir de oficio este delito, homologar penalidades y agravantes en todo el país y fortalecer la coordinación entre la Federación y los estados”, indicó.
El dictamen, aprobado con 106 votos a favor, tiene como antecedente la iniciativa presentada por la presidente de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.
El documento advierte que la disparidad normativa entre códigos penales federales y locales ha generado obstáculos en la procuración de justicia y ha sido aprovechada por la delincuencia organizada.
Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, explicó que la reforma cerrará vacíos legales y unificará criterios de sanción.
“La extorsión la padece todo México, pues es un ilícito que requiere de toda la atención por sus múltiples modalidades y por la disparidad en las legislaciones estatales, que han permitido que esta práctica se expanda como una ‘sombra letal’ que sacrifica vidas, acaba con familias, invade negocios y no incentiva la actividad económica del país”, afirmó.
Por su parte, la presidente de la Comisión de Seguridad, Lucía Trasviña Waldenrath, subrayó que este delito se ha consolidado como una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado.
“La extorsión no es un delito menor ni aislado, sino un flagelo que lacera hogares, negocios, instituciones y comunidades completas”, refirió.
La senadora recordó que, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en enero de 2025 se registró un promedio de casi 30 extorsiones diarias, un aumento del 57% en seis años.
Además, cifras del INEGI muestran que en 2023 la extorsión fue el delito más frecuente contra unidades económicas, con un costo de más de 124 mil millones de pesos, equivalente al 0.51% del PIB.
Desde Movimiento Ciudadano el senador, Luis Donaldo Colosio Riojas, advirtió que el incremento de carpetas de investigación confirma la magnitud del problema.
“Las carpetas de investigación se han multiplicado a nivel nacional, pasando de entre 400 a 500 en 2015 a más de 850 en 2025, por lo que nuestra bancada dice sí a la prevención, persecución y sanción de este delito”, sostuvo.
A su vez, la senadora Lizeth Sánchez García, del PT, apuntó que el dictamen responde a una exigencia social de frenar la impunidad.
“Es indispensable proteger a las víctimas y enviar un mensaje claro contra quienes pretenden vivir del miedo ajeno. De ahí que combatir este delito no se trate solo de cifras, sino de miles de vidas”, abundó.
La legisladora del PRI, Carolina Viggiano Austria, coincidió en que la homologación de sanciones será fundamental para atender el problema.
“Debido a la gran impunidad que hay en el país, es que los ciudadanos no se animan a denunciar la extorsión, pues en las comunidades hay ‘cobro de piso’ de manera directa en los negocios”, asentó.
En tanto, Juanita Guerra Mena, del PVEM, resaltó la importancia de garantizar la protección de los denunciantes.
“Las extorsiones no solo vienen de los delincuentes, sino también de algunas autoridades; por eso es importante garantizar la protección de los ciudadanos que denuncian para así acabar con la impunidad”, refirió.
Desde el PAN, Verónica Rodríguez Hernández respaldó la reforma, pero advirtió que se requieren acciones adicionales.
“La extorsión es una realidad que ha azotado al país; por ello, nuestro partido respalda que el Congreso homologue la regulación. Sin embargo, legislar no lo resuelve todo, por lo que es indispensable una estrategia eficaz”, dijo.
Finalmente, Karina Ruiz Ruiz, de Morena, sostuvo que la iniciativa fortalecerá la estrategia nacional contra este delito y brindará certeza jurídica frente a nuevas modalidades, como la extorsión digital.
El proyecto continuará su proceso en los congresos locales, donde deberá obtener la aprobación de al menos 17 legislaturas para concretarse como reforma constitucional.
