La designación exprés del consejero jurídico de la gobernadora Layda Sansores, Juan Pedro Alcudia Vázquez, como magistrado del Poder Judicial de Campeche desató una ola de críticas y acusaciones de imposición por parte de la oposición. El nombramiento se concretó en una sesión de la Comisión Permanente del Congreso estatal realizada en domingo, donde tres votos de Morena bastaron para superar a los dos de la oposición y consumar lo que dirigentes opositores calificaron como un albazo legislativo. Para Movimiento Ciudadano, esta decisión representa un golpe directo a la independencia judicial y un intento de concentrar el poder en manos del Ejecutivo estatal.
El dirigente nacional de MC, Jorge Álvarez Máynez, denunció en redes sociales que “Morena consumó otro golpe al Poder Judicial, esta vez en Campeche”, al colocar a un funcionario cercano a la gobernadora en el camino para encabezar el Tribunal Superior de Justicia. Señaló que la maniobra fue realizada sin convocar al pleno del Legislativo y felicitó a la bancada naranja por defender la división de poderes frente a lo que calificó como un acto de autoritarismo.
Los cuestionamientos a la designación de Alcudia no se limitan a la oposición parlamentaria. Diversos sectores han señalado que el funcionario no cumple con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial, al no acreditar residencia mínima en Campeche ni haberse separado de su cargo con un año de anticipación. Además, enfrenta denuncias por violencia de género y fue sancionado recientemente por el Instituto Electoral del Estado de Campeche, lo que refuerza la percepción de un conflicto de interés al pasar de consejero jurídico de la gobernadora a magistrado.
La protesta ciudadana no tardó en hacerse sentir. Afuera del Congreso, activistas de colectivas feministas como “Ley Sabina Campeche” y “Frente nacional por las 40 horas” se manifestaron contra el nombramiento, exhibiendo carteles en los que acusaban a Alcudia de misógino y agresor. “Ningún violentador de mujeres al Poder Judicial”, reclamaban, hasta que fueron desalojadas por la Policía Estatal. Al menos tres de las manifestantes tuvieron que ser trasladadas a un hospital debido a los golpes recibidos durante su detención, pese a que no incurrieron en actos violentos ni bloquearon vialidades.
Con este episodio, el conflicto político en Campeche escala hacia una confrontación abierta en torno a la autonomía judicial y la separación de poderes. Mientras Morena defiende la legitimidad del nombramiento, la oposición lo presenta como un paso más en la construcción de un poder absoluto en manos de la gobernadora Sansores, en un estado donde las tensiones entre gobierno, legislativo y sociedad civil parecen crecer sin freno.
