El Senado de la República es escenario de un nuevo ejercicio de Parlamento Abierto convocado por Movimiento Ciudadano para analizar la propuesta de reforma a la Ley de Amparo enviada por el Ejecutivo federal, mismo que puede verse en vivo por You Tube. El parlamento reune a especialistas, académicos y organizaciones de la sociedad civil con el fin de discutir a fondo los alcances de una iniciativa que, de aprobarse en sus términos actuales, transformaría de manera profunda la naturaleza de este recurso constitucional, considerado el principal instrumento de defensa de los ciudadanos frente a actos de autoridad.
El senador Clemente Castañeda, coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, advirtió que cualquier modificación de gran alcance a la figura del amparo requiere un análisis exhaustivo de especialistas. Para el legislador, el amparo es una de las instituciones jurídicas más importantes del país y no puede ser objeto de cambios apresurados o meramente políticos. En la misma línea, las senadoras Alejandra Barrales y Amalia García subrayaron que el planteamiento del gobierno pone en riesgo este mecanismo de protección de derechos, por lo que resulta indispensable abrir el debate a voces independientes y con solvencia técnica.
La reforma en discusión propone limitar la figura del interés legítimo, restringiendo el acceso al juicio de amparo únicamente a quienes puedan acreditar un daño real, directo y diferenciado, lo que dejaría fuera a colectivos y organizaciones que hoy pueden recurrir a este recurso en defensa de causas ambientales, sociales o de derechos humanos. También endurece las condiciones para conceder suspensiones provisionales, lo que implicaría que medidas como detenciones, embargos o congelamientos de cuentas puedan ejecutarse sin que el ciudadano cuente con un freno legal inmediato en tanto se resuelve el fondo del asunto. Además, plantea plazos máximos para que los jueces emitan sentencia y elimina la posibilidad de publicar votos particulares, lo que, en opinión de especialistas, debilitaría la transparencia del debate judicial. Aunque incorpora elementos de modernización como la digitalización de trámites, críticos sostienen que el conjunto de cambios beneficia al poder público en detrimento del ciudadano.
La coordinadora del área estratégica del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Ivette Galván García, destacó que la iniciativa contiene ajustes procesales valiosos, pero plantea un retroceso grave en materia de acceso a la justicia y protección de los derechos humanos, al restringir el interés legítimo, debilitar la suspensión y al abrir la puerta al incumplimiento de sentencias.
Javier Martín Reyes, investigador de la UNAM, abundó que si en el Senado no hay modificaciones a la reforma habrá “regresiones, limitaciones y restricciones” que no se puedan frenar a la hora de su aplicación, debido a que la propuesta presidencial es inconstitucional por vulnerar derechos establecidos en la Constitución y en tratados internacionales, además de dejar a los ciudadanos con recursos judiciales menos efectivos.
El coordinador del programa derechos humanos de FUNDAR, Humberto Guerrero, agregó que la reforma debería ser para fortalecer el juicio de amparo y con ello lograr el acceso a la justicia, más no para debilitarlo y complicar su efectividad, pues pareciera que se busca desmontar el avance en el lugar que ocupan los tratados internacionales en derechos humanos.
La convocatoria al Parlamento Abierto pretende justamente abrir este debate. De acuerdo con sus organizadores, participarán juristas de reconocido prestigio, representantes de universidades, asociaciones civiles y colectivos que han hecho del amparo una herramienta de defensa en múltiples ámbitos. El objetivo es que, a partir de estas mesas, se construya una visión más equilibrada de la reforma y que el dictamen final en comisiones refleje un consenso amplio. Sin embargo, persiste la duda de si las conclusiones de este foro serán incorporadas en el proceso legislativo o si quedarán en el terreno de lo meramente testimonial.
El exministro Arturo Zaldívar ha defendido públicamente la iniciativa al argumentar que no busca restringir derechos, sino hacer más eficiente el sistema judicial. No obstante, para organizaciones civiles y juristas críticos, la reforma representa un retroceso en materia de protección de derechos humanos, pues limita el acceso a la justicia y vulnera el principio constitucional pro persona. En ese contraste de visiones se inserta el Parlamento Abierto: para unos, es la oportunidad de blindar la institución del amparo contra una reforma regresiva; para otros, se trata de un paso necesario hacia la modernización del sistema.
Más allá de lo jurídico, la discusión encierra una disputa política de fondo. Mientras el oficialismo defiende la necesidad de “disciplinar” lo que considera un uso excesivo del amparo que frena políticas públicas, la oposición sostiene que restringirlo equivale a debilitar el sistema de contrapesos y abrir la puerta al abuso de poder. En este escenario, el Parlamento Abierto no es solo un espacio de análisis técnico, sino un campo de confrontación sobre la forma en que se concibe el equilibrio entre el Estado y los ciudadanos.
El Parlamento puedes verlo aquí:
