El conglomerado Grupo Salinas, encabezado por el empresario Ricardo Salinas Pliego, se enfrenta a un fallo inminente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en torno a sus múltiples adeudos fiscales con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), algunos por hasta 17 años.
Ante la previsión de una resolución adversa, el grupo empresarial amagó con interponer una demanda contra la autoridad fiscal por “silencio administrativo” y violación del derecho de petición.
Las empresas del grupo reportan adeudos que, según la autoridad hacendaria, superan los 63,000 millones de pesos, considerando actualizaciones y recargos.
En paralelo, la SCJN registra al menos ocho juicios fiscales pendientes del grupo, cinco de Grupo Elektra y dos de TV Azteca, por créditos fiscales que el SAT estima en aproximadamente 48,393 millones 975 mil 821 pesos.
Estos litigios se remontan a auditorías realizadas entre 2008 y 2018, lo que indica un conflicto de largo plazo entre el grupo empresarial y la autoridad fiscal.
Negativa de aplazamiento y embate judicial
El ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, rechazó recientemente la solicitud de las empresas del grupo para aplazar la resolución de siete juicios fiscales, bajo el argumento de que no existe disposición legal que autorice dicho aplazamiento.
El proyecto preveía declarar fundado el recurso de la autoridad fiscal y sin materia la reclamación de la empresa.
Comunicado de Grupo Salinas y amenaza de demanda contra el SAT
En un comunicado reciente, Grupo Salinas informó que “estamos evaluando interponer una demanda contra el SAT y quienes resulten responsables por su doloso silencio administrativo al habernos negado el derecho constitucional de petición”.
El grupo señala que anticipa un fallo adverso en la Corte y acusa falta de garantías de audiencia.
Parte de su estrategia consiste en asegurar que los adeudos no han sido calculados con precisión, y que han buscado negociar un “ajuste” del monto reclamado. No obstante, la autoridad ha respondido que no existe convenio alguno previo que condicione el pago.
El grupo solicita que el SAT realice la cuantificación exacta de su carga tributaria para proceder al pago, cifra que en múltiples ocasiones se ha mencionado en torno a 74 000 millones de pesos.
Asimismo, advierte que, de considerarse violados sus derechos, llevará el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Contexto y relevancia del conflicto fiscal
Un elevado porcentaje del adeudo señalado al grupo está relacionado con la figura de “consolidación fiscal”, vigente entre 1982 y 2013, que permitía a los contribuyentes compensar ganancias y pérdidas de un mismo grupo.
La autoridad imputa al grupo el uso de esta figura para dilatar el pago de impuestos y recurrir a múltiples instancias judiciales para evitar la resolución definitiva.
La resolución que emita la SCJN definirá un precedente relevante para grandes grupos empresariales en litigio fiscal, y su efecto podría extenderse a otros casos similares en México. Además, de resultar adversa al grupo, se desencadenarían acciones de cobro y eventualmente posibles sanciones.
Por su parte, la estrategia de Grupo Salinas de acudir a instancias internacionales marcaría una escalada jurídica con impacto reputacional.
