El gasto en comunicación social en México ha tomado un rumbo preocupante: mientras el gobierno federal ha reducido sus desembolsos bajo el argumento de la austeridad, los gobiernos estatales incrementan de manera acelerada los recursos destinados a publicidad oficial, en muchos casos sin control ni transparencia. Así lo revela el informe “Publicidad oficial 2024: los estados concentran la mayor parte del gasto nacional” elaborado por Artículo 19 y Política Colectiva.
La organización detalla que, aunque la publicidad oficial debería servir para informar a la población sobre programas, servicios o acciones de interés público, en la práctica sigue utilizándose como un instrumento político que premia o castiga a los medios según su línea editorial. El estudio evidencia que en 2024 los gobiernos locales concentraron el grueso del gasto nacional y, en varios casos, lo ejercieron muy por encima de lo aprobado en sus presupuestos. Trece estados gastaron más del doble de lo autorizado, y cinco de ellos —Guerrero, Estado de México, Puebla, Tamaulipas y Veracruz— superaron en más de mil por ciento el monto inicialmente previsto.
Los datos muestran un cambio estructural en la dinámica del gasto público en comunicación. En 2018, el gobierno federal concentraba 52.8% del total de los recursos destinados a publicidad oficial; seis años después, en 2024, esa proporción cayó a 28.1%. Los estados, en cambio, pasaron de un papel secundario a ser los principales actores: en 2023 representaron casi 78% del gasto conjunto y, aunque en 2024 bajaron ligeramente, se mantuvieron en un dominante 72%.
La investigación también documenta que, a pesar del discurso de contención presupuestal, tanto la federación como los estados aumentaron su gasto durante 2024. Los gobiernos locales pasaron de 9,474 millones de pesos a 9,704 millones —una variación real de 2.4%—, mientras que el gasto federal subió de 2,714 millones a 3,795 millones de pesos, lo que representa un incremento de 39.9%, el más alto del sexenio. Aun así, los niveles federales siguen lejos de los observados al inicio del periodo de Andrés Manuel López Obrador.
El estudio de Artículo 19 subraya que, incluso con la reducción global del gasto federal, la concentración mediática persiste. Durante el sexenio de López Obrador, los recursos se distribuyeron principalmente entre unos pocos medios de comunicación: Televisa recibió 1,877 millones de pesos (10.2%), La Jornada —a través de Demos Desarrollo de Medios— obtuvo 1,596 millones (8.7%), TV Azteca 1,340 millones (7.3%) y Medios Masivos Mexicanos 1,282 millones (7%).
En 2024, ya con el cambio de administración federal, esta tendencia no se revirtió. Televisa, La Jornada y Medios Masivos Mexicanos se mantuvieron como los principales beneficiarios, lo que revela una falta de pluralidad en la asignación de recursos y un patrón sostenido de concentración informativa.
Para Artículo 19, el crecimiento del gasto estatal en publicidad oficial, sin controles ni criterios uniformes, amplía los riesgos de censura indirecta y vulnera la libertad de prensa. La organización advierte que, en muchos casos, estos recursos se utilizan como mecanismo de presión hacia los medios: se privilegia a quienes publican coberturas favorables y se castiga a los críticos, distorsionando el derecho ciudadano a recibir información veraz y diversa.
Ante este panorama, el informe subraya la urgencia de reformar la Ley General de Comunicación Social para establecer controles efectivos sobre el gasto tanto a nivel federal como estatal. Propone definir criterios claros de asignación, reforzar la transparencia y asegurar que los recursos públicos no se usen con fines políticos o partidistas.
Artículo 19 y Política Colectiva exhortan al Congreso de la Unión y a las autoridades de los tres niveles de gobierno a cumplir con el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y garantizar una regulación que asegure la independencia de los medios y la pluralidad informativa. “Solo con reglas claras se puede impedir que el dinero público se convierta en una herramienta de manipulación mediática”, concluye el informe.
