El recién estrenado organismo Transparencia para el Pueblo, surgido tras la desaparición del INAI, protagoniza un inesperado giro narrativo: según Artículo 19, ha desechado el 99.6 % de los recursos de revisión que recibió durante sus primeros tres meses de operación.
La trama burocrática se desenvuelve con frialdad formal: de los 2 253 recursos ingresados, solo 457 han sido resueltos, y 455 de esos casos fueron catalogados como improcedentes, según reportes recientes. Las razones aducidas por el nuevo órgano para descartar la gran mayoría son estrictamente formales: incumplimiento de requisitos legales, falta de respuesta por parte de quienes presentaron las solicitudes, entre otros tecnicismos.
Este rígido guion atenta contra los principios de equidad y acceso efectivo al derecho a la información pública. Según la Ley General de Transparencia (artículos 148 y 169), las autoridades revisoras deben suplir deficiencias legales cuando existan, favoreciendo un enfoque pro persona que no se observa en la actuación actual.
Además, la transición del personaje protagonista —antes autónomo, ahora subordinado— pone en riesgo su imparcialidad. El ahora órgano depende del Poder Ejecutivo federal, lo que debilita su autonomía y lo convierte, en la práctica, en juez y parte.
Organismos de derechos humanos han alzado la voz: “Que las instituciones encargadas de garantizar este derecho actúen con imparcialidad, autonomía y compromiso con la ciudadanía. El acceso a la información no es una concesión del poder, es un derecho que debe ser protegido, no obstaculizado.”
Esta crítica no se limita al ámbito federal. Al menos 23 estados han replicado este modelo, transfiriendo funciones de órganos garantes a secretarías anticorrupción o contralorías estatales, mientras que 13 entidades han ampliado las causales para reservar información, profundizando una preocupante tendencia hacia la opacidad institucional.
En este escenario, el derecho de acceso a la información pública —una herramienta fundamental para la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la vigilancia del poder— se encuentra en peligro. Lo que parecía una reforma para modernizar el sistema de transparencia ahora parece haber mutado en una barrera burocrática que desvanece la luz informativa que otrora iluminaba la democracia mexicana.
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