Gerardo Ortiz, uno de los rostros más conocidos del regional mexicano, ha sido sentenciado por una corte federal en California a 36 meses de libertad condicional, además de una multa de 1.5 millones de dólares, en relación con su implicación en una red de lavado de dinero vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La decisión marca el punto culminante de un proceso judicial que ha expuesto de forma muy cruda cómo los caminos del espectáculo y el crimen organizado pueden entrelazarse, dejando una huella legal y reputacional profunda para el artista.
En marzo de 2025, Ortiz se declaró culpable de conspiración, reconociendo que entre 2018 y 2019 participó en una serie de conciertos organizados por la empresa Gallística Diamante, propiedad de Jesús “Chucho” Pérez Alvear, promotor fuertemente vinculado al CJNG. Según la fiscalía, estos shows no fueron sólo eventos musicales, sino mecanismos para blanquear fondos de la organización criminal, bajo la sombra de la Ley Kingpin, que prohíbe a ciudadanos o residentes estadounidenses participar en negocios con narcotraficantes sancionados.
El valor de esos conciertos, de acuerdo con los documentos legales, asciende justamente a la cifra que luego se convirtió en multa: aproximadamente 1.5 millones de dólares. Pero más allá del aspecto financiero, fue su cooperación con las autoridades lo que cambió el rumbo del caso: Ortiz testificó durante dos días en el juicio contra su exmánager, Ángel “Del Villar”, cuya responsabilidad también fue juzgada por los cargos de nexos con el narcotráfico y lavado.
La jueza Maame Ewusi-Mensah Frimpong, al dictar la sentencia, subrayó que la “cooperación sustancial” de Ortiz fue un elemento clave para mitigar el castigo. En la audiencia, Ortiz se mostró emocional: pidió disculpas, reconoció sus errores y solicitó una segunda oportunidad para continuar con su carrera musical y recuperar la estabilidad familiar.
Pero no todo es alivio legal: las condiciones de su libertad incluyen claros límites. Según lo informado, no podrá salir de Estados Unidos, deberá someterse a inspecciones domiciliarias y evitar el consumo de sustancias ilegales. Asimismo, su defensa argumentó que su vida corre peligro si regresa a México, especialmente después de testificar contra Del Villar, lo cual según su esposa le genera un “miedo constante” cada vez que pisa territorio mexicano.
Ortiz ha roto el silencio tras conocer su pena y ha reclamado que, a lo largo del proceso, se han vertido muchas mentiras sobre su implicación. “Nosotros estuvimos ahí cantando en ese evento… ese show se hizo”, ha dicho, en un intento por reafirmar que desde su perspectiva, su papel fue el de artista, no de cómplice.
El trasfondo del caso es complejo: Del Villar, su antiguo representante, ya fue condenado a cuatro años de prisión por sus negocios con Pérez Alvear, identificado como operador del CJNG. La acusación sostiene que Del Villar sabía de las advertencias legales que rodeaban a Pérez Alvear, incluso de una carta entregada por agentes federales en 2018, en la que se lo alertaba sobre posibles consecuencias por mantener relaciones comerciales con él.
Este episodio no solo redefine la carrera de Ortiz, sino que también lanza un mensaje potente sobre la vigilancia que pueden ejercer las autoridades estadounidenses sobre figuras del entretenimiento cuando éstas se cruzan con estructuras criminales trasnacionales. La condena de Ortiz será recordada como un caso emblemático: un artista atrapado entre los escenarios y los tribunales, obligado a pagar un alto precio por decisiones que ahora tienen consecuencias legales y simbólicas.
