El cantante de narcocorridos Gerardo Ortiz se declaró culpable ante autoridades federales de Estados Unidos por realizar transacciones financieras con una empresa vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Según documentos judiciales, esas operaciones derivaron de conciertos organizados en México por Gallística Diamante, identificada por el Departamento del Tesoro como fachada del CJNG, y la disquera Del Records. Se estima que Ortiz y su exmánager recibieron aproximadamente 1.5 millones de dólares por varios eventos en 2018.
Cooperación clave con el FBI
Ortiz logró un acuerdo con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) al convertirse en testigo protegido, testificando contra su exmánager y jefe de Del Records, José Ángel del Villar. En sus declaraciones, Ortiz afirmó que Del Villar insistió en efectuar los conciertos pese a que el FBI les había advertido sobre posibles vínculos criminales. Este testimonio fue pieza clave en el caso contra Del Villar.
¿Por qué evitó la prisión?
Gracias a ese acuerdo de cooperación, Ortiz pudo enfrentar el proceso en libertad, tras pagar una fianza de aproximadamente 10 000 dólares en abril de 2024. Su sentencia está programada para el 19 de noviembre de 2025, pero la fiscalía considera su colaboración como un factor mitigante que le permitiría evitar la cárcel por completo.
En cambio, José Ángel del Villar fue declarado culpable en marzo de 2025 por 11 cargos, incluyendo violaciones a la Ley Kingpin y conspiración para transacciones con narcotraficantes. En su audiencia, el gobierno solicitó una condena de 78 meses (6.5 años) de prisión y una multa de 300 000 dólares. Su sentencia se fijó para el 15 de agosto de 2025, en una corte federal en Los Ángeles.
Implicaciones artísticas y políticas
Ortiz, quien ha interpretado en sus corridos a figuras como “El Mencho” o “El Doble R”, ya tiene conciertos programados incluso antes de su sentencia, como el que se realizará el 23 de noviembre de 2025 en la Payne Arena de Hidalgo, Texas, apenas cuatro días después de su audiencia federal. El escenario político es sensible: mientras el gobierno de Estados Unidos muestra que puede desarticular redes de lavado en el rubro del entretenimiento mediante colaboraciones, en México persiste el debate sobre la impunidad indirecta de figuras con penalidades simbólicas.
La estrategia legal de Gerardo Ortiz —de declararse culpable y cooperar como testigo ante el FBI— le permitió evitar una condena en prisión. Mientras tanto, su exmánager enfrenta severas sanciones. Este caso demuestra cómo la justicia estadounidense puede negociar condenas simbólicas a cambio de información útil, especialmente cuando se busca desmantelar redes de lavado vinculadas al crimen organizado. Asimismo, reafirma los desafíos que enfrenta México para fortalecer sus mecanismos de persecución del lavado en el sector del entretenimiento sin depender exclusivamente de las cortes fuera del país.
