La trayectoria criminal de César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias “El Botox”, líder del grupo delictivo Los Blancos de Troya, vuelve a colocarse en el centro del debate público tras su reciente recaptura en la región de Tierra Caliente, Michoacán. El caso no sólo expone la persistencia de las redes de extorsión que asfixian a productores agrícolas, sino que también revive un episodio particularmente delicado: su primera detención, ocurrida en 2018, se realizó en un inmueble vinculado a un personaje clave de dos administraciones estatales en Morelos, una encabezada por Graco Ramírez y otra por Cuauhtémoc Blanco.
La primera aprehensión de Sepúlveda Arellano se concretó el 28 de agosto de 2018 en el municipio de Cuernavaca, Morelos, en cumplimiento de una orden judicial por el delito de homicidio en agravio del encargado de despacho de una alcaldía en Michoacán. En ese momento, el gobierno federal identificaba a “El Botox” como uno de los líderes de Los Viagras, organización criminal surgida en 2014 en la región de Tierra Caliente, en el contexto del levantamiento de los grupos de autodefensa.
El operativo se realizó en un domicilio ubicado en la calle Cataluña número 28, en el fraccionamiento Maravillas de Cuernavaca. De acuerdo con información de instancias federales, el inmueble pertenecía a Samuel Sotelo Salgado, quien se desempeñó como consejero jurídico del gobierno de Morelos durante la administración de Graco Ramírez y posteriormente ocupó el cargo de secretario de Gobierno en el mandato de Cuauhtémoc Blanco, exfutbolista y actual diputado federal por el partido Movimiento Regeneración Nacional. La localización del líder criminal en una propiedad ligada a un funcionario de alto nivel generó desde entonces cuestionamientos sobre posibles redes de protección política y omisiones institucionales.
Sotelo Salgado era identificado por áreas de inteligencia del Ejército como hermano del abogado Cipriano Sotelo Salgado, dirigente del Foro Morelense de Abogados, una agrupación señalada por autoridades como integrada por defensores legales de personas acusadas de delitos como secuestro y extorsión, particularmente en la región oriente del estado de Morelos, con epicentro en el municipio de Cuautla. Aunque no se acreditaron responsabilidades penales en ese momento contra los propietarios del inmueble, el caso dejó al descubierto la cercanía física entre operadores criminales y espacios vinculados al poder político.
Pese a la gravedad de los señalamientos y a la orden judicial que motivó su captura, “El Botox” recuperó su libertad apenas 20 meses después de aquella detención, un hecho que fue interpretado por autoridades y analistas como un nuevo episodio de debilidad del sistema de procuración de justicia frente al crimen organizado. Tras salir de prisión, Sepúlveda Arellano regresó a Michoacán, donde reconfiguró su estructura delictiva y consolidó el liderazgo de Los Blancos de Troya, una célula dedicada principalmente a la extorsión.
La reciente recaptura de “El Botox”, dada a conocer hace unos días por el gobierno federal, se produjo en la región de Tierra Caliente, donde mantenía el control de la comercialización del limón amarillo en comunidades como Cenobio Moreno, La Huina, Capiri y El Razo, en los municipios de Buenavista y Apatzingán. Según información oficial, su organización imponía el cobro de piso y practicaba el secuestro de productores y empacadores de limón y otros productos agrícolas, actividades que han golpeado de manera sistemática a uno de los sectores económicos más importantes de la región.
Las autoridades federales también han señalado que Sepúlveda Arellano rompió su alianza con Juan José Farías Álvarez, alias “El Abuelo”, en medio de disputas internas por el control de las extorsiones y de las rutas de financiamiento criminal. Esta fractura habría derivado en una escalada de violencia en la zona, marcada por amenazas, secuestros y asesinatos selectivos.
Entre los crímenes que se le atribuyen destaca el asesinato de Bernardo Bravo, reconocido líder de productores de limón en Michoacán, un hecho que conmocionó al sector citrícola y evidenció el nivel de control que los grupos criminales ejercen sobre la cadena productiva. De acuerdo con información del gobierno federal, “El Botox” cuenta con al menos siete órdenes de aprehensión vigentes por delitos de extorsión agravada y homicidio calificado.
La historia de César Alejandro Sepúlveda Arellano es, al mismo tiempo, un retrato de la penetración del crimen organizado en regiones clave del país y un recordatorio incómodo de cómo la cercanía entre actores criminales y entornos políticos ha favorecido, en distintos momentos, la impunidad. Su recaptura reabre preguntas sobre las responsabilidades institucionales que permitieron su liberación tras la detención de 2018 y sobre los mecanismos necesarios para evitar que casos como este vuelvan a repetirse en un país donde la extorsión sigue siendo una de las principales amenazas para la seguridad y la economía regional.
