La noche del sábado pasado terminó en tragedia para el aficionado del Cruz Azul, Rodrigo Mondragón, de 32 años, quien perdió la vida luego del triunfo de su equipo frente al Monterrey en el Estadio Olímpico Universitario (C.U.). Las versiones de lo ocurrido se bifurcan: mientras la Liga MX limita su actuación a un comunicado general, los familiares del hombre señalan que agentes de la seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) lo sometieron, golpearon y provocaron que se desvaneciera, desencadenando así su deceso.
Según lo reportado, Rodrigo fue detenido en uno de los estacionamientos del inmueble universitario, en aparente estado de ebriedad, por personal de la unidad de Protección Civil de la UNAM. Las autoridades de la casa de estudios informaron que el aficionado insultó y agredió a guardias, por lo que procedieron a contenerlo con intención de entregarlo a la Fiscalía. Fue en ese trayecto cuando sufrió un desvanecimiento y perdió la vida. Contrariamente, los allegados del fallecido insisten en que no fue un simple episodio de control, sino que durante la detención fue objeto de agresiones físicas por parte de al menos cuatro elementos de seguridad, lo que habría desencadenado su muerte.
La escena que siguió la noticia hace todavía más grave el caso: familiares y amigos de Rodrigo se reunieron frente la Fiscalía de la Ciudad de México para exigir justicia. Con mantas que decían “UNAM asesina”, afirman que la institución universitaria debe responder por lo que sucedió esa noche, en vez de ampararse tras su protocolo interno. Por su parte, la Liga MX emitió un comunicado en el que lamenta el fallecimiento del aficionado, pero aclaró que los comisarios del partido “no fueron informados de los hechos” y deslindó de cualquier responsabilidad directa, posicionándose como observadora del caso mientras la fiscalía indaga.
Resulta inquietante que, a pesar de la gravedad del hecho, el sistema no brille por su transparencia. Los cuatro elementos de la unidad de Protección Civil de la UNAM que intervinieron fueron asegurados como parte de la investigación; sin embargo, la universidad no ha publicado un informe público detallado que esclarezca las acciones de sus agentes, los protocolos aplicados en el operativo de seguridad y el estado real —físico o emocional— del aficionado antes y durante su detención.
Este incidente no es un hecho aislado en el contexto del futbol mexicano, donde la violencia, la negligencia en la seguridad y la dispersión de responsabilidades generan alarmas recurrentes. ¿Cómo es posible que un aficionado, que se encontraba en un recinto deportivo diseñado para el goce colectivo, termine falleciendo —y bajo circunstancias que son materia de disputa entre familiares e instituciones? Si bien el alcohol, la provocación y la indisciplina pueden entrar al análisis, el eje central aquí es entender cómo un operativo de seguridad culmina en muerte y qué mecanismos hay para evitar que esto se repita.
El silencio institucional, la demora en emitir versiones completas y la falta de cámaras o registros públicos confiables alimentan la desconfianza. La UNAM, universitaria por definición y símbolo de educación y libertad, ve su reputación puesta en entredicho. La Liga MX, como autoridad deportiva máxima en el país, enfrenta la presión de demostrar que la seguridad de los aficionados ocupa un lugar prioritario y no queda reducido a un deslinde burocrático.
Rodrigo Mondragón ya no tiene la oportunidad de exigir voz. Sus familiares, amigos y el gremio de seguidores de Cruz Azul quedan con la responsabilidad —y el dolor— de buscarla por él. Y todos los que participan en el futbol mexicano —clubes, autoridades universitarias, operadores de seguridad, federaciones— tienen el deber ético de que su nombre no quede sepultado bajo un expediente sin rostro, sino que la verdad se convierta en presidio para que tragedias como esta no se repitan.
