La crisis interna en la Cooperativa La Cruz Azul sumó un nuevo capítulo de alto impacto luego de que Juan Manuel Briseño, director financiero y socio cooperativista de la cementera, anunciara que presentará denuncias por presunta administración fraudulenta contra Víctor Velázquez Rangel, Rafael Anzures y María Alejandra Velázquez, derivado de un contrato internacional valuado en 50 millones de dólares relacionado con la compra de coque de petróleo a una empresa estadounidense.
De acuerdo con documentos y comunicaciones dirigidas a cooperativistas, Briseño sostiene que la operación habría generado pérdidas millonarias para la cooperativa debido al presunto incumplimiento en la entrega del producto pactado, pese a que los pagos correspondientes ya se habrían realizado.
El señalamiento adquiere relevancia porque el coque de petróleo representa un insumo estratégico para la industria cementera, particularmente para los procesos energéticos de producción. Según la versión expuesta por Briseño, parte del material contratado nunca habría sido recibido por la cooperativa, situación que, afirma, derivó en afectaciones financieras de gran escala y posibles consecuencias fiscales para la empresa.
En las cartas difundidas entre integrantes de la cooperativa, el director financiero asegura que, además de las pérdidas económicas, existiría el riesgo de una deuda fiscal considerable derivada de las operaciones relacionadas con el contrato. También cuestiona que, hasta el momento, no se habrían emprendido acciones legales suficientes para intentar recuperar el dinero presuntamente perdido.
La controversia escaló aún más luego de que Briseño informara que buscará que autoridades estadounidenses conozcan el caso, debido a que la operación involucra a una compañía radicada en Estados Unidos. El movimiento abre la posibilidad de que instancias internacionales revisen contratos, transferencias financieras y operaciones comerciales vinculadas con la negociación señalada.
Aunque hasta ahora no existe un pronunciamiento público detallado de las personas mencionadas en las acusaciones, el conflicto vuelve a exhibir las tensiones internas que desde hace años atraviesan a , una de las cooperativas más importantes del país y propietaria de una de las principales cementeras mexicanas, además del club de futbol.
El caso también podría derivar en un nuevo frente jurídico y financiero para la organización cooperativista, particularmente si autoridades estadounidenses deciden revisar el origen, destino y cumplimiento de las operaciones relacionadas con la empresa norteamericana involucrada.
Briseño sostuvo además que continuará impulsando acciones legales y administrativas para, según sus palabras, defender el patrimonio de cerca de mil familias cooperativistas. El directivo afirmó que mantendrá esa postura incluso frente a las disputas internas y procesos que actualmente enfrenta dentro de la organización.
