En el marco de su Encuentro Nacional celebrado este viernes en Tijuana, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), encabezada por su presidente Juan José Sierra Álvarez, lanzó un llamado urgente por la escalada de la extorsión en México. Acompañado de liderazgos empresariales de más de cien ciudades del país, Sierra advirtió que este delito criminal ya no es un fenómeno marginal, sino una estructura de poder que tiene “de rodillas” a miles de empresarios y amenaza la viabilidad de las MiPyMEs, el motor productivo más vital del país.
Durante su discurso, Sierra Álvarez afirmó que prácticas como el cobro de piso y otros mecanismos de extorsión han dejado de ser actos aislados para convertirse en instrumentos sistemáticos de control político y económico. “No podemos permitir que los grupos que operan fuera de la ley sustituyan al Estado, decidiendo quién trabaja, quién invierte, quién abre, quién cierra y quién se va”, denunció. Para él, la expansión de estas redes criminales es la evidencia más tajante de una falla institucional: “Sin presencia del Estado, sin justicia, sin protección, no hay libertad económica ni convivencia posible”, sostuvo.
Las cifras presentadas por Coparmex no son menores. Hasta ahora, según el organismo patronal, se han contabilizado 8,585 víctimas de extorsión en lo que va del año, cifra que representa un aumento del 5.2 % respecto a períodos anteriores. Además, los 43 municipios fronterizos concentran un 11.8 % de esos casos, con un crecimiento particular del 15.2 %
Pero el problema va más allá de los números oficiales. Sierra señaló que existe una “cifra negra” considerable: muchos empresarios no denuncian por desconfianza en las autoridades o temor a represalias. Según Coparmex, el 12.8 % de sus socios ha sido víctima de extorsión, y de entre esos casos, el 70 % ocurrió mediante llamadas telefónicas.
El impacto económico es devastador, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas. Sierra subrayó que la extorsión “mata a las MiPyMEs”, pues no sólo drena recursos, sino que erosiona la confianza para invertir y para mantener operaciones. En un escenario en el que muchas de estas empresas ya operan al límite, el cobro ilegal representa una carga letal.
Además, Coparmex advirtió que el dinero dedicado a la seguridad —alarma, vigilancia, medidas preventivas— es sustancial. Según sus estimaciones, más de 91,800 millones de pesos se destinan anualmente a protegerse del crimen, recursos que podrían invertirse en crecimiento, innovación o empleo si existieran condiciones de seguridad estables.
Frente a esta crisis, el líder empresarial exigió al gobierno federal, a los estados y al Congreso encabezar una estrategia nacional contra la extorsión. En su visión, no basta con acciones aisladas: se necesita un esfuerzo de Estado, “más allá de ciclos, partidos y grupos políticos” para reinstaurar la autoridad, garantizar justicia y restablecer la confianza empresarial.
En ese sentido, Coparmex ha puesto sobre la mesa una propuesta concreta: una Ley General contra la Extorsión. Esta norma, ya aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados, prevé penas de hasta 15 años de prisión y permitiría presentar denuncias de forma anónima. Actualmente se encuentra en revisión por parte del Senado.
Para Sierra, la adopción de esta ley es fundamental, porque solo con un marco legal homologado a nivel nacional —junto con una coordinación efectiva entre fiscalías, cuerpos policiales y el poder judicial— podrá enfrentarse a la sofisticación y expansión de las redes criminales que imponen su voluntad sobre el sector productivo.
La urgencia del reclamo de Coparmex no solo refleja el dolor económico de las empresas, sino un diagnóstico profundo: en muchas regiones del país, los criminales han logrado ocupar espacios vacíos del Estado, y su poder de extorsión ha erosionado la libertad de emprender, invertir y crecer con seguridad. Si no se actúa, advierte la organización, la extorsión no solo condena negocios: condena el futuro de la economía.
