José Alberto García, camarógrafo de N+, fue detenido mientras grababa un operativo en el municipio de Tequila, Jalisco. El periodista fue golpeado, esposado y llevado a la cárcel donde permaneció por dos horas. Los responsables de este abuso son policías del municipio de Tequila, bajo el mando del alcalde morenista Diego Rivera.
La reacción se dio cuando el periodista registraba un operativo de la FGR y la Guardia Nacional que se realizaba en el Museo Nacional del Tequila, el cual fue clausurado por el alcalde con el pretexto de una “remodelación”. Sin embargo, medios de comunicación de Jalisco afirmaron que el verdadero motivo del cierre fue que el dirigente planeaba usar el museo como su residencia.
Recordemos que esta violación a la libertad de prensa se da en un marco de detenciones a periodistas por “incitar al odio”, como en el caso de Campeche, el de la Ley Censura en Puebla, así como en intervenciones policiacas y del Ejército en actos culturales como ocurrió en el Multiforo Alicia de la CDMX, casos cuyo denominador es que se dan bajo gobiernos del mismo partido: Morena.
El alcalde de Tequila, Diego Rivera, publicó un video donde se deslinda, acusa a la oposición y promete publicar un comunicado detallando lo que pasó, documento que hasta el día de hoy no ha sido publicado. Quienes sí actuaron con celeridad fueron la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), quienes abrieron investigaciones por la detención del camarógrafo.
Diego Rivera, un alcalde polémico
Además de la acusación por cerrar el Museo del Tequila y usarlo como residencia y oficina, también se le ha señalado por emitir advertencias firmes a industriales tequileros para que pagaran impuestos y licencias municipales, bajo riesgo de clausura, lo que desató debate sobre presión fiscal e impacto en el sector productivo local. Otro caso se dio el 4 de mayo de 2025, cuando presentó en Tequila el grupo Los Alegres del Barranco, que proyectó imágenes de “El Mencho” y entonó corridos de apología criminal. Aunque inicialmente canceló el concierto, el alcalde fue citado por la fiscalía el 13 de mayo para declarar como testigo en la investigación, bajo señalamiento de permitir el evento y posponer su suspensión.
