El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) denunció la continuidad de una estrategia de contrainsurgencia en Chiapas que, según su comunicado, se manifiesta en despojos, creación de conflictos e incursiones militares y estatales en territorios zapatistas. En un boletín difundido el 30 de septiembre, la organización alertó sobre un nuevo episodio de violencia en el poblado autónomo zapatista Belén, ubicado en la Región Campesina del Caracol 8 “La Luz que Resplandece al Mundo”, con sede en Dolores Hidalgo, municipio oficial de Ocosingo.
De acuerdo con el reporte, la Asamblea de Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas denunció una serie de ataques iniciados desde abril, entre ellos el rechazo al diálogo, incursiones en tierras recuperadas en 1994, robo de cosechas, quema de viviendas, amenazas y despojo. Estas acciones habrían sido perpetradas por civiles acompañados de la policía municipal de Ocosingo, la Policía Estatal, la Fiscalía General de Chiapas, el delegado de gobierno y efectivos del Ejército mexicano. El objetivo, señalaron, sería transformar el territorio recuperado en tierras privadas, lo que ya ha provocado el desplazamiento forzado de al menos 13 bases de apoyo zapatistas y de 40 campesinos no zapatistas que dependían de ese espacio para su sustento colectivo.
El Frayba advierte que estos hechos no son aislados, sino parte de un patrón de hostigamiento contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y su proyecto político. Recordaron que en abril de este año ya se había registrado una incursión conjunta de fuerzas estatales y militares en la comunidad de San Pedro Cotzilnam, municipio de Aldama, así como hostigamientos durante el Encuentro Zapatista “Rebel y Revel Arte”. En este sentido, la organización asegura que, al igual que en épocas del PRI, ahora bajo el gobierno de la llamada Cuarta Transformación se mantienen prácticas de contrainsurgencia que buscan debilitar la autonomía zapatista.
El comunicado subraya que el despojo se da en el marco de procesos oficiales de “restitución de tierras” que cuentan con el respaldo de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que, en palabras de Frayba, constituye una provocación directa al EZLN y un riesgo para la vida e integridad de quienes habitan el territorio. A esto se suma lo que califican como una violencia política que busca facilitar la entrega de tierras y recursos de los pueblos indígenas a megaproyectos de infraestructura, extractivos, turísticos y energéticos.
El centro de derechos humanos recordó que estas acciones contravienen la Constitución mexicana, en particular los artículos 1 y 2 que protegen los derechos colectivos de los pueblos indígenas, así como convenios y declaraciones internacionales, como el 169 de la OIT y las declaraciones de la ONU y la OEA sobre los derechos de los pueblos indígenas. También enfatizó que se violentan los Acuerdos de San Andrés, donde se reconoce el territorio como base de la existencia de los pueblos originarios.
Ante este panorama, el Frayba hizo un llamado al gobierno federal y estatal para que cumplan con su responsabilidad de respetar los territorios zapatistas y frenar las agresiones provenientes de sus propias instancias de seguridad. Al mismo tiempo, pidió a la sociedad nacional e internacional solidarizarse con las comunidades, defender la vida y apoyar la construcción de alternativas como “El Común” y la “No Propiedad”, principios que los pueblos zapatistas mantienen en su lucha por la autonomía y la justicia.
