El gobierno de Campeche, encabezado por la gobernadora Layda Sansores, declaró la expropiación de cuatro terrenos presuntamente ligados al exgobernador del estado y actual senador del PRI, Alejandro “Alito” Moreno. La decisión se justificó bajo el argumento de “causa de utilidad pública”, ya que los terrenos serían destinados a la construcción de un plantel de la Universidad Nacional Rosario Castellanos.
Esta acción ha generado una fuerte controversia política y legal, ya que se alega que los inmuebles fueron adquiridos de manera irregular, incluso mediante recursos de procedencia ilícita, según se desprende de investigaciones periodísticas y declaraciones de autoridades.
¿Qué terrenos están implicados en la expropiación?
De acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), al menos tres de los cuatro predios expropiados están ligados al entorno cercano de Alejandro Moreno:
- Uno está registrado a nombre de Yolanda Mercedes Cárdenas, madre del senador.
- Dos pertenecen a Juan José Salazar, arquitecto de confianza de Moreno durante su gestión como gobernador.
Claudia Sheinbaum respalda expropiación en Campeche
Durante su conferencia de prensa del 1 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó su respaldo a la decisión del gobierno campechano. Afirmó que la expropiación se enmarca en un contexto donde habría evidencia de que los terrenos fueron adquiridos como producto de lavado de dinero y corrupción:
“Lo que entiendo es que son propiedades adquiridas por lavado de dinero de la corrupción y que por eso viene este esquema”, dijo la mandataria.
Además, Sheinbaum adelantó que su administración trabaja en una reforma para agilizar la extinción de dominio, con el objetivo de recuperar bienes adquiridos con recursos ilícitos para destinarlos a obras públicas.
Gobierno federal prepara reforma para facilitar la extinción de dominio
La presidenta informó que se está elaborando una reforma a la ley de extinción de dominio, ya que los actuales procesos legales para confiscar bienes vinculados a delitos como corrupción o delincuencia organizada son lentos y poco efectivos.
“Se está trabajando la ley de extinción de dominio, porque es muy difícil que haya extinción de dominio, incluso en caso de delincuencia organizada…”, comentó Sheinbaum.
Con esta iniciativa se busca acelerar la transferencia de bienes al Estado mexicano, siempre que un juez determine que fueron adquiridos de forma ilícita.
‘Alito’ Moreno responde: “La expropiación es anticonstitucional”
El senador Alejandro Moreno Cárdenas confirmó que uno de los terrenos expropiados pertenece a su madre, aunque no se refirió a su relación con el arquitecto Salazar.
En entrevista con Azucena Uresti, el también presidente del PRI rechazó las acusaciones y calificó la medida como un acto de persecución política por parte de Morena:
“Tengo todos los no ejercicios de acción penal, después de siete años de persecución… Esta ley que mandaron es una ley anticonstitucional y es para expropiar porque la gobernadora dice ‘como nos ganó todo y no tenemos nada, ahora vamos a ver cómo le quitamos propiedades’”, acusó.
Moreno anunció que enfrentará legalmente la expropiación, sosteniendo que ya fue exonerado en procedimientos previos por falta de pruebas de malversación de fondos públicos.
¿Qué se construirá en los terrenos expropiados?
El gobierno estatal informó que los terrenos serán utilizados para construir una sede de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, como parte de una estrategia educativa impulsada también desde el gobierno federal.
Este argumento de utilidad pública es el fundamento legal con el que la administración de Sansores justificó la expropiación, respaldada ahora por la presidencia de la República.
El avance de la reforma federal sobre extinción de dominio será clave para definir si este tipo de medidas se consolidan como herramientas legítimas en la lucha contra la corrupción o si seguirán siendo vistas con sospecha.
