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Tribunal Supremo impone 27 años a Bolsonaro y provoca la reacción de Trump

Los abogados defensores rechazaron la resolución y anunciaron la presentación de recursos en instancias nacionales e internacionales, argumentando la proporcionalidad de las penas.
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El Tribunal Supremo de Brasil condenó a Jair Bolsonaro a 27 años y 3 meses de cárcel por liderar una conspiración para desmantelar las instituciones democráticas tras las elecciones de 2022, ante este falló el presidente de Estados Unidos, Donald Trump calificó la decisión de sorprendente y la comparó con sus propios procesos, generando tensiones diplomáticas y críticas de la Casa Blanca.

Este jueves, la Primera Sala de la Corte Suprema, resolvió con cuatro votos a favor y uno en contra la culpabilidad de Bolsonaro y de siete colaboradores por delitos contra el orden democrático.

La mayoría responsabilizó al exmandatario de utilizar estructuras estatales para implementar un plan de perpetuación en el poder, que incluyó campañas de desinformación, maniobras administrativas y preparativos para un estado de excepción.

A su vez, seis de los ocho condenados pertenecen a las Fuerzas Armadas, y las penas para los otros implicados oscilan entre 19 y 26 años. Es importante destacar que la sentencia aún no es firme y admite recurso en las instancias previstas por la ley.

En la argumentación del tribunal sobre la finalidad de la organización, el presidente de la sala dejó claro el objetivo atribuido a los acusados.

“El objetivo central de la organización criminal era asegurar la permanencia en el poder de Jair Messias Bolsonaro”, afirmó Cristiano Zanin.

Pruebas, actos y cronología de la trama

El juez relator enumeró múltiples actos que, según la Fiscalía y la mayoría de la sala, conformaron la trama iniciada a mediados de 2021, poco después de que Lula recuperara sus derechos políticos.

El expediente incorpora audios, documentos, mensajes y la confesión del exedecán Mauro Cid que, conforme al fallo, permitieron reconstruir la existencia de decretos preparados para instaurar un estado de excepción y planes que contemplaban la eliminación física de líderes.

Al explicar la instrumentalización del aparato estatal, el relator sintetizó la acusación principal.

“Bolsonaro instrumentalizó el aparato estatal y movilizó agentes y recursos públicos para promover falsas narrativas que generaran inestabilidad social a fin de perpetuarse en el poder”, declaró Alexandre de Moraes.

El 8 de enero de 2023 y la materialización del plan

El tribunal consideró que la culminación más visible del proyecto ocurrió el 8 de enero de 2023, cuando miles de seguidores de Bolsonaro irrumpieron en Brasilia, invadiendo y vandalizando las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema, con claros efectos de desestabilización institucional.

Además, la magistrada que acompañó el voto mayoritario situó el asalto en su debida dimensión histórica.

“El 8 de enero de 2023 no fue un acontecimiento banal después de un almuerzo de domingo en el que las personas se fueron a pasear”, apuntó Cármen Lúcia Antunes.

En contraste, el único voto discrepante fue el del magistrado Luiz Fux, quien consideró que las pruebas no acreditaban la existencia de una intención punible de instaurar una dictadura y, en consecuencia, se pronunció por la absolución de Bolsonaro en este juicio.

Identidad de los condenados y situación personal de Bolsonaro

Entre los condenados figuran el excomandante de la Marina, Almir Garnier, y los generales de la reserva Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira y Walter Braga Netto; todos ellos recibieron penas que, según la sentencia, alcanzan entre 19 y 26 años de prisión.

Bolsonaro, de 70 años y bajo arresto domiciliario desde agosto pasado, recibió la condena más alta. Por su parte, la corte determinó responsabilidades por la utilización de agentes y recursos públicos en favor del plan que buscaba desestabilizar el orden constitucional.

Defensa, recursos y estrategia política post fallo

Los abogados defensores rechazaron la resolución y anunciaron la presentación de recursos en instancias nacionales e internacionales, argumentando la proporcionalidad de las penas.

“Las penas son absurdamente excesivas y desproporcionadas”, expresaron Celso Vilardi y Paulo da Cunha Bueno.

Paralelamente, Bolsonaro confía en iniciativas políticas que podrían intentar suavizar o revertir efectos legales, entre ellas una propuesta de amnistía promovida por su partido en el Parlamento.

Reacciones desde Estados Unidos y respuesta del Gobierno brasileño

La sentencia provocó respuestas inmediatas en Washington: el expresidente Donald Trump expresó sorpresa por la condena y trazó un paralelo con sus propias causas judiciales.

“Vi el juicio, lo conozco muy bien. Como líder extranjero, pensé que era un buen presidente. Es muy sorprendente que esto pudiera suceder”, declaró Donald Trump.

El secretario de Estado de Estados Unidos calificó el proceso como persecución y atribuyó responsabilidad al magistrado relator.

“Continúa la persecución política liderada por Alexandre de Moraes, sancionado por violar los derechos humanos, luego de que él y otros miembros de la Corte Suprema de Brasil decidieron injustamente encarcelar al expresidente Jair Bolsonaro”, denunció Marco Rubio.

Por su parte, el Gobierno brasileño, a través del Ministerio de Exteriores, rechazó las amenazas y defendió la autonomía de la justicia nacional.

“Amenazas como la realizada hoy por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en una declaración que ataca la autoridad brasileña e ignora los hechos y las pruebas contundentes que constan en el expediente, no intimidarán a nuestra democracia”, afirmó el Ministerio de Exteriores de Brasil.

Cabe recordar que semanas antes de la sentencia, la administración estadounidense había adoptado una medida arancelaria sobre productos brasileños —un arancel del 50 % en gran parte de las exportaciones— en una escalada previa que añadió un componente económico a las tensiones diplomáticas entre ambos países.

La condena se suma a otros procesos en curso contra Bolsonaro; en 2023 se le inhabilitó por ocho años para ejercer cargos públicos y enfrenta causas por supuesta obstrucción del proceso, difusión de noticias falsas y la apropiación de joyas del acervo estatal.

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