La medida responde a un pliego de demandas que agrupa preocupaciones propias del sector transporte y del campo: por un lado, los transportistas denuncian una escalada de violencia en las carreteras —robos, extorsiones y agresiones son parte de su rutina diaria—, y por el otro, los campesinos exigen precios de garantía para sus productos, la exclusión de ciertos granos básicos del T-MEC, la creación de una banca de desarrollo para el campo y una revisión de la nueva Ley de Aguas Nacionales.