A poco más de dos años del asesinato del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcantar, un audio inédito y documentos oficiales ponen al descubierto, con precisión inédita, cómo el alto mando naval intentó denunciar internamente un sistema de corrupción que involucraba a mandos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) y que, según la investigación penal, podría haber desencadenado su homicidio. La historia de Guerrero, comisionado en enero de 2021 para la supervisión de aduanas marítimas tras la militarización de estos espacios por acuerdo del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, representa un caso sin precedentes sobre corrupción institucional y riesgo vital para los denunciantes en los aparatos de seguridad del Estado.
Desde su llegada a las aduanas, Guerrero se encontró con un entramado considerado “huachicol fiscal”: un esquema en el que combustibles introducidos al país bajo declaraciones fraudulentas de otras sustancias generaban evasión fiscal y ganancias multimillonarias. Según el audio obtenido por Aristegui Noticias y ratificado por fuentes judiciales, el contralmirante comenzó a recibir transferencias bancarias y pagos en efectivo que inicialmente creyó destinados a mejoras institucionales, pero que pronto identificó como sobornos vinculados al contrabando.
La grabación, de aproximadamente 19 minutos, documenta una reunión celebrada en junio de 2024 con José Rafael Ojeda Durán, entonces secretario de Marina en los últimos meses del gobierno de López Obrador, en la que Guerrero expuso con detalle la red de corrupción, los nombres y las operaciones irregulares. En la conversación, el almirante secretario plantea dos opciones para enfrentar el caso: sacar la verdad a la luz con todas las consecuencias o cerrar el asunto internamente reubicando al personal implicado, una frase que refleja la dimensión institucional del dilema.
Ojeda Durán exigió un reporte escrito sobre las personas y hechos que Guerrero describió, y éste, cumpliendo la instrucción, redactó una carta detallada con fechas, lugares y nombres que fue hallada en su oficina tras su muerte. El documento, fechado el 14 de junio de 2024, coincide con los hechos narrados en el audio, y constituye una de las piezas clave dentro de la carpeta de investigación penal 325/2025 radicada en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México.
Semanas después de la reunión con Ojeda, Guerrero sostuvo un segundo encuentro con Raymundo Pedro Morales Ángeles, el secretario de Marina designado por la presidenta Claudia Sheinbaum, al poco de iniciar su administración en octubre de 2024. Documentos judiciales revelan que el contralmirante se trasladó a las Oficinas del Almirante Secretario para presentar una “propuesta para mejorar la recaudación en aduanas”, según respondió Semar ante preguntas de medios, y aprovechó para entregar nuevamente su escrito y reiterar las evidencias sobre la red de corrupción.
Tras estas reuniones, Guerrero fue reasignado a la aduana de Puerto Chiapas, donde pidió licencia y vacaciones para atender asuntos personales. Dejó por escrito cada lugar en que estaría durante esos días en Manzanillo, Colima, información de la que tenían conocimiento altos mandos navales, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR). El 8 de noviembre de 2024, en el último día de su licencia, fue emboscado y asesinado por dos sicarios en motocicleta que dispararon directamente contra su camioneta con armas de fuego calibre 9 mm, un modus operandi que la Fiscalía ha vinculado también con el homicidio de otra funcionaria federal, lo que sugiere, según las autoridades, una posible retaliación por la denuncia que Guerrero mantenía en curso.
Hasta ahora, las indagatorias del caso han derivado en 14 órdenes de aprehensión contra mandos navales y funcionarios implicados en la red de huachicol fiscal, de las cuales 11 personas han sido capturadas e imputadas, aunque no todos los señalados por Guerrero han enfrentado cargos penales o sanciones administrativas. La Fiscalía mantiene abierto el proceso y las investigaciones continúan, sin que hasta la fecha se haya establecido públicamente una verdad jurídica definitiva sobre la relación directa entre la denuncia interna y el homicidio del contralmirante.
La Secretaría de Marina, por su parte, ha manifestado su cooperación con las autoridades en las investigaciones y ha dado de baja a varios elementos por “incapacidad para el cumplimiento de sus obligaciones”, incluidos aquellos señalados en la indagatoria. Sin embargo, en sus respuestas a medios oficiales, la institución negó poseer el audio de la reunión o documentación de primera mano sobre la denuncia de Guerrero, y sostuvo que el caso está bajo jurisdicción de la Fiscalía, subrayando su compromiso con “honestidad y transparencia”.
El asesinato del contralmirante Guerrero Alcantar, uno de los mandos navales de más alto rango ejecutado en México en años recientes, pone en evidencia no solo la penetración criminal en estructuras estatales clave como aduanas marítimas, sino también la fragilidad de mecanismos internos para proteger a denunciantes dentro de las fuerzas armadas. Mientras la investigación penal avanza y las fiscalías enfrentan el desafío de procesar a altos mandos vinculados a la red de huachicol fiscal, el caso sigue siendo un parteaguas en la discusión sobre impunidad, corrupción y seguridad institucional en México.
