El Senado de la República ha aprobado una reforma constitucional propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum que busca prohibir el nepotismo en cargos públicos y eliminar la reelección consecutiva de legisladores y alcaldes. Aunque la iniciativa original contemplaba que estas medidas entraran en vigor en 2027, la mayoría parlamentaria de Morena y sus aliados decidieron posponer su aplicación hasta 2030.
La reforma establece que ninguna persona podrá postularse a un cargo de elección popular si, en los tres años anteriores a la elección, ha tenido un vínculo de matrimonio, concubinato, unión de hecho o parentesco hasta el cuarto grado con quien ocupe el mismo puesto. El objetivo es poner fin a las dinastías políticas y garantizar que el acceso a los cargos públicos se base en méritos y no en lazos familiares.
La decisión de aplazar la entrada en vigor de estas disposiciones ha generado críticas por parte de la oposición, que argumenta que el retraso permite que políticos actuales puedan contender en las elecciones de 2027 sin restricciones. Entre los casos mencionados se encuentran el del senador Félix Salgado Macedonio, quien ha manifestado interés en competir por la gubernatura de Guerrero, y el de la senadora Ruth González Silva, esposa del actual gobernador de San Luis Potosí.
Además de la prohibición del nepotismo, la reforma contempla la eliminación de la reelección inmediata para diputados, senadores, gobernadores, alcaldes y otros cargos de elección popular, medida que también entrará en vigor en 2030.
La iniciativa ha sido enviada a la Cámara de Diputados para su análisis y votación. De ser aprobada, las entidades federativas y la Ciudad de México deberán ajustar sus constituciones y leyes en un plazo de 180 días naturales tras la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación.
Organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad han señalado que, aunque la reforma limita la sucesión directa en cargos públicos, podría no ser suficiente para desarticular las redes familiares de poder existentes en la política mexicana.
La presidenta Sheinbaum ha defendido la reforma como un paso necesario para fortalecer la democracia y combatir la corrupción en el país. Sin embargo, el debate sobre su implementación y alcance continúa en diversos sectores políticos y sociales.
