Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que los restos del aparato espacial causaron afectaciones ambientales en la zona donde impactaron
La empresa SpaceX, propiedad del magnate Elon Musk, se encuentra en el centro de la polémica en México, luego de que autoridades federales confirmaran que realizó operaciones no autorizadas en aguas territoriales del país. Así lo denunció este miércoles el titular de la Secretaría de Marina (Semar), almirante Raymundo Morales Ángeles, durante la conferencia matutina del gobierno federal.
Según el mando naval, una plataforma contratada por SpaceX ingresó al Golfo de México para recolectar restos de uno de sus cohetes, el Starship, que cayó frente a la playa Bagdad, en Tamaulipas. No obstante, dicha plataforma no contaba con los permisos necesarios para operar en territorio marítimo nacional.
“El objetivo de la plataforma era recolectar basura espacial del cohete que cayó en el Golfo. Sin embargo, no cumplió con los requisitos para poder trabajar, por lo que fue retirada del país. Estamos viendo las sanciones porque realizaron trabajos sin permiso”, explicó Morales Ángeles, al tiempo que indicó que se revisará la normatividad internacional para determinar la sanción correspondiente.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que los restos del aparato espacial causaron afectaciones ambientales en la zona donde impactaron, lo que ha movilizado a diversas instancias del gobierno para evaluar los daños.
“Seguimos con la investigación, muy pronto lo presentamos. Es un trabajo conjunto entre las secretarías de Medio Ambiente, Marina, Gobernación y Relaciones Exteriores, así como la Agencia de Transformación Digital. Ya prácticamente se concluyó el estudio y se están revisando las implicaciones jurídicas”, detalló la mandataria.
Sheinbaum también adelantó que se trabaja en acciones legales contra la empresa SpaceX, por los impactos ambientales detectados en aguas mexicanas. Este caso ha encendido las alertas entre organizaciones ambientalistas, que desde el inicio denunciaron la caída del cohete y la presencia de maquinaria extranjera operando sin autorización.
El incidente ha puesto nuevamente en debate la regulación internacional sobre actividades espaciales y la responsabilidad de empresas privadas frente a la protección del medio ambiente, especialmente cuando sus operaciones afectan ecosistemas fuera de sus fronteras.
