El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que no buscará la pena capital en los casos que enfrenta en sus tribunales federales dos de los narcotraficantes mexicanos más conocidos: Rafael Caro Quintero e Ismael “El Mayo” Zambada, este último considerado uno de los líderes históricos del Cártel de Sinaloa.
En una carta enviada al juez Brian M. Cogan, responsable del caso en la Corte del Distrito Este de Brooklyn, el fiscal federal Joseph Nocella Jr. comunicó oficialmente la decisión del gobierno estadounidense.
“La fiscal general autorizó y ordenó a esta oficina no buscar la pena de muerte en contra del acusado Ismael Zambada García”, se lee en el documento dirigido al juez Cogan.
#ULTIMAHORA | Ismael “El Mayo” Zambada libra la pena de muerte en Estados Unidos; la Fiscalía aceptó no solicitar esta medida contra el capo mexicano pic.twitter.com/JFNjJNKBl0
— La Silla Rota (@lasillarota) August 5, 2025
Contexto y acusaciones sobre ambos personajes
Zambada García, de 77 años, enfrenta 17 cargos federales, entre ellos crimen organizado, tráfico de drogas (incluyendo fentanilo, cocaína, metanfetamina, mariguana y heroína), uso de armas de fuego y lavado de dinero. Aunque nunca ha sido arrestado, las autoridades lo consideran uno de los criminales más poderosos y escurridizos de las últimas décadas.
Por otro lado, Rafael Caro Quintero, de 69 años, detenido en julio de 2022 en el estado de Sinaloa, también fue excluido de una eventual condena capital. Caro Quintero es señalado como el autor intelectual del secuestro y asesinato del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena, ocurrido en 1985 en Guadalajara, un caso que provocó una de las mayores tensiones bilaterales entre México y Estados Unidos en materia de seguridad.
Ambos procesos judiciales se desarrollan en tribunales del estado de Nueva York, y aunque las penas a las que podrían enfrentarse siguen siendo severas —incluyendo cadena perpetua—, el gobierno estadounidense ha optado por no perseguir la sanción máxima.
La decisión de no buscar la pena de muerte podría facilitar la cooperación de testigos y acelerar procesos judiciales largos y costosos. Además, se alinea con la política de algunos estados y administraciones estadounidenses que optan por evitar este castigo en ciertos casos, incluso cuando se trata de acusaciones graves como las de narcotráfico internacional y homicidio.
Ambos casos siguen en curso y se espera que en los próximos meses se definan nuevas etapas procesales en las cortes estadounidenses.