El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) resolvió que no es posible llevar a cabo la revocación de mandato del gobernador Rubén Rocha Moya.
La decisión fue sustentada en el principio de no retroactividad de la ley, que establece que ninguna normativa puede aplicarse con efectos perjudiciales para acciones pasadas. Este argumento fue central para declarar improcedente la solicitud de revocación que ya había sido requerida en tres ocasiones.
En sesión virtual, el consejo general del IEES detalló que la decisión se basa en la “garantía de seguridad jurídica” protegida por el artículo 14 de la Constitución y en jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
La Ley de Revocación de Mandato fue promulgada en febrero de 2024, mientras que Rocha Moya asumió el cargo en junio de 2021; una circunstancia que, según el organismo, imposibilita su aplicación retroactiva. Arturo Fajardo Mejía, consejero presidente del IEES, precisó que la ciudadanía sinaloense otorgó a Rocha Moya el mandato para un periodo de seis años, sin previsión de revocación anticipada.
“Considerar que esa ley deba aplicarse a quien hoy ostenta la titularidad del Poder Ejecutivo sería incurrir en una violación a lo dispuesto por el artículo 14 de nuestra carta magna”, expuso Fajardo Mejía.
El IEES enfatizó que una posible revocación afectaría tanto al gobernador como a los ciudadanos que lo eligieron, al modificar el mandato original bajo el cual fue electo.
La solicitud de revocación, promovida en parte por los problemas de seguridad que enfrenta Sinaloa, tomó relevancia desde el surgimiento de diversos informes sobre presuntos vínculos entre Rocha Moya y facciones del crimen organizado, además de la persistente violencia en el estado.
Documentos del Centro Nacional de Inteligencia señalaron la presunta relación entre el gobernador y la organización de “Los Chapitos”, liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. También se le involucró en la desaparición de Ismael “El Mayo” Zambada, quien fue reportado como secuestrado en una presunta reunión con Rocha Moya y Héctor Melesio Cuén, asesinado el mismo día.
Pese a la resolución del IEES, Rocha Moya manifestó públicamente su disposición para someterse al proceso de revocación. En una gira de trabajo en Ahome, Rocha subrayó que fue él quien impulsó esta iniciativa cuando era senador, con el objetivo de permitir que los gobernantes sean evaluados a mitad de su periodo.
“Yo voy a mandar un oficio donde pido que se aplique la revocación de mandato; yo quiero someterme”, declaró.
Judith Gabriela López del Rincón, consejera del IEES, también se pronunció en relación con la revocación, indicando que, de ser posible el proceso, ella habría votado a favor de su implementación. La consejera expresó que la revocación de mandato representa una “herramienta importante” que permite a la ciudadanía tomar decisiones sobre la permanencia de sus autoridades, aludiendo a la necesidad de que los gobernantes actúen conforme a los intereses de la población.
“Como ciudadana, sin duda, hubiera apoyado con firmeza un proyecto de proceso de revocación”, señaló López del Rincón.
Fajardo Mejía aclaró que la Ley de Revocación de Mandato será aplicable únicamente a futuros mandatarios. La normativa vigente establece que, para que la revocación de un gobernador sea válida, esta debe aprobarse al menos 90 días antes de la elección en la que el mandatario resulte electo.
En este caso, dicha ley entrará en vigor para el gobernador que sea elegido en 2027. El gobernador Rocha Moya reiteró su postura de respeto hacia el acuerdo del IEES, aunque subrayó que su intención es que el procedimiento se aplique a él.
