Martha Eugenia Magaña López, jueza Quinto de Distrito en Morelos, otorgó una suspensión provisional que impide a la Cámara de Diputados discutir la propuesta de reforma al Poder Judicial promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La medida, que entró en vigor a pocos días del inicio de la nueva legislatura, surge en medio de una serie de protestas y suspensiones laborales de trabajadores del Poder Judicial, y ha intensificado la controversia sobre el impacto de la iniciativa en la autonomía judicial y la estabilidad de la carrera ministerial.
La resolución de Magaña López responde a una solicitud que argumenta la vulnerabilidad en que quedarían los trabajadores de la carrera judicial de aprobarse la reforma. Según la jueza, la normativa pondría en riesgo la seguridad laboral de jueces y otros funcionarios, quienes podrían ser cesados de sus cargos sin derecho de audiencia ni indemnización.
En su fallo, la jueza enfatizó que, de elevarse la reforma a rango constitucional, las acciones derivadas serían inatacables.
“La suspensión debe otorgarse para efecto de que el acto que reclaman no se formalice en la norma suprema, pues de hacerse sería inatacable”, indicó Magaña López.
Este amparo no es el único que complica el avance de la reforma. En Chiapas, otro juez federal concedió una suspensión similar que restringe a los Congresos locales la posibilidad de aprobar la reforma judicial una vez que esta sea discutida en la Cámara de Diputados. El fallo en Chiapas sostiene que antes de cualquier aprobación estatal deben analizarse posibles violaciones constitucionales, lo que añade una capa adicional de escrutinio y dilación en el proceso legislativo.
La reforma al Poder Judicial ha generado preocupación tanto dentro como fuera de México, con actores nacionales e internacionales manifestando inquietudes sobre sus posibles efectos en la democracia mexicana y en las relaciones diplomáticas y comerciales, especialmente con Estados Unidos y Canadá.
Entre los puntos más criticados está la percepción de que la reforma debilitaría la independencia del Poder Judicial al someter a sus integrantes a nuevas disposiciones que podrían comprometer su autonomía. A pesar de los obstáculos, la mayoría parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados había previsto discutir la reforma durante la primera semana de septiembre.
Según lo informado por Ricardo Monreal, coordinador de Morena, la Junta de Coordinación Política había acordado debatir la propuesta los días 2, 3 y 4 de septiembre, con la posibilidad de extender la discusión hasta el 5 si fuera necesario. Monreal destacó que, tras la sesión inaugural del nuevo Congreso, se llevaría a cabo una segunda sesión ordinaria para dar publicidad al dictamen de la reforma judicial, iniciando así el proceso legislativo correspondiente.
Por su parte, Ignacio Mier, vicecoordinador de Morena en el Senado, anticipó que la iniciativa podría ser aprobada antes de la primera quincena de septiembre si se mantiene el ritmo legislativo planeado. Mier afirmó que, tras la discusión en la Cámara de Diputados, la reforma llegará al Senado para su revisión y eventual aprobación, completando así el ciclo necesario para su elevación a rango constitucional.
