El general José Rodríguez Pérez, acusado de delincuencia organizada y presuntamente vinculado con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2015, ha obtenido la libertad condicional. Este alto mando militar, el de mayor rango procesado en este caso, ha pasado dos años en prisión. Para obtener la libertad, se le ha impuesto una fianza de 50,000 pesos y se le ha ordenado firmar cada 15 días, además de prohibírsele salir del país y acercarse a las víctimas. Rodríguez se encuentra actualmente en la prisión del Campo Militar 1-A.
La decisión del juez, tomada en una audiencia que finalizó en la madrugada del sábado, cambia la medida cautelar de prisión preventiva a libertad provisional, argumentando que no existe riesgo de que Rodríguez evada la justicia. Este fallo representa un nuevo revés para la Fiscalía General de la República (FGR), pues el general se une a otros diez militares señalados en el caso Ayotzinapa que ahora se encuentran en libertad, a pesar de que los procesos judiciales siguen abiertos. Permanecen detenidos el capitán José Martínez Crespo, el subteniente Fabián Pirita Ochoa y el sargento Eduardo Mota Esquivel.
Rodríguez era comandante del 27º Batallón de Infantería en Iguala, Guerrero, durante la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Según el informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, Rodríguez habría ordenado la ejecución de seis estudiantes sobrevivientes el 30 de septiembre de 2014 en una bodega en Pueblo Viejo, Iguala.
El 15 de septiembre de 2022, Rodríguez fue detenido en relación con el caso. Los otros tres militares aún presos son el capitán Crespo, encarcelado desde 2019, así como el sargento Mota y el subteniente Pirita.
El informe presentado por el gobierno federal en noviembre del año pasado señala a Rodríguez por su presunta conexión con el grupo delictivo Guerreros Unidos. “Diversas declaraciones de testigos y mensajes de texto proporcionados por la DEA implican a Rodríguez, entonces coronel y comandante del 27 Batallón, al capitán José Martínez Crespo y al coronel Rafael Hernández Nieto, comandante del 41 Batallón, en actividades como la recepción de dinero, el suministro de armas y municiones, y la protección a Guerreros Unidos”, indica el documento.
En octubre de 2022, Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación y líder de la Comisión de la Verdad, reveló al diario The New York Times que había obtenido mensajes de WhatsApp supuestamente enviados en 2014 por miembros de Guerreros Unidos, integrantes del Ejército y otras personas implicadas en el caso. Estos mensajes sugieren que la mayoría de los estudiantes fueron asesinados la noche de su desaparición, y sus restos fueron distribuidos entre varios grupos para su eliminación.
El diario estadounidense informó que Encinas recibió los mensajes de una fuente única en la forma de 467 capturas de pantalla, las cuales fueron corroboradas con otras pruebas, aunque no fueron compartidas con la FGR para una verificación forense completa. Encinas justificó la retención de los mensajes por el riesgo de filtraciones y la necesidad de presentar un reporte oportuno a las familias de los estudiantes.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) cuestionó la veracidad de estos mensajes y el informe de la Comisión de la Verdad, lo que llevó a Encinas a someter los mensajes a una revisión más rigurosa, admitiendo que no pudo verificar la autenticidad de muchas de las capturas de pantalla y que algunas podrían haber sido fabricadas.
“Hay algunas que hemos descartado porque no tienen elementos suficientes para ser acreditadas”, admitió Encinas. “El 100 por ciento seguro en esto no existe”.
