En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, organizaciones de la sociedad civil, como ARTICLE 19, Casa del Migrante Saltillo, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), denunciaron la grave crisis de violencia que enfrentan comunidades originarias en México y exigieron al Estado acciones urgentes para proteger a sus integrantes, pues “esta fecha es también un recordatorio urgente de las deudas históricas, estructurales y actuales que persisten frente a sus derechos”.
Entre 2016 y 2025, al menos 68 personas indígenas defensoras fueron asesinadas y cinco más permanecen desaparecidas por su labor en defensa de los derechos humanos, la tierra y los recursos naturales. A estas cifras se suman siete intentos de homicidio y múltiples casos de amenazas, criminalización, desplazamiento forzado y estigmatización.
El Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas subrayó que las agresiones provienen tanto de actores privados —empresas y estructuras criminales— como de autoridades estatales, sin que exista una respuesta integral del gobierno. Como ejemplo de la criminalización que padecen, citaron el caso del defensor zapoteco del bosque Pablo López Alavez, quien lleva 15 años en prisión a pesar de que la ONU determinó en 2017 que su detención es arbitraria.
Las organizaciones exigieron medidas colectivas y culturalmente pertinentes, con perspectiva de género y recursos suficientes, a cargo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. También instaron al cumplimiento del Acuerdo de Escazú y la instalación de mesas de trabajo con pueblos y comunidades indígenas, junto con dependencias federales como la SEMARNAT, INPI, SEGOB y SRE, para definir acciones concretas y monitoreables.
“Los pueblos indígenas han sostenido, durante siglos, formas de vida comunitarias y sostenibles que ofrecen alternativas reales frente a modelos extractivos y depredadores”, señalaron. En este sentido, hacen un llamado “a la sociedad en su conjunto —medios de comunicación, organizaciones sociales, instituciones públicas— a visibilizar, respetar y respaldar a los pueblos indígenas, reconociendo no sólo su resistencia, sino también su derecho a existir con dignidad, justicia y autodeterminación”.
Las denuncias llegan en un contexto de creciente presión sobre los territorios indígenas por megaproyectos, cambio climático y violencia criminal, lo que vuelve más urgente —afirman— la protección de quienes defienden la vida y el medio ambiente, así como la “teatralización” que desde el gobierno se hace de los pueblos, reduciéndolos a mera escenografía para actos oficiales, o apropiándose de sus vestimentas o viéndolos como piezas de museo, pero en la práctica se invisibiliza su opinión, sus prácticas y formas de autodeterminación.
