Opinión por: Luis Felipe García Chávez

El agua como factor electoral

“Si las guerras del siglo XX se lucharon por el petróleo, las del próximo siglo serán por el agua” .

Ismail Serageldin, vicepresidente del Banco Mundial, 2 de noviembre de 1995.

La crisis del agua en el Estado de México avanza más rápido que la narrativa oficial: la ruina en que se encuentran las redes municipales, la dependencia creciente de pipas que se encuentran dentro de la llamada burbuja inflacionaria hídrica, que artificialmente se ha generado para beneficio de muy pocos.

En el documento “Perspectivas del agua en México, propuestas hacia la seguridad hídrica”, derivado de una investigación difundida en 2022 por la Red del Agua UNAM, el Centro Regional de Seguridad Hídrica y la UNESCO, entre otros, se advierte algo que ya se sabía y que en proyección nunca se atendió: que nuestro país tiene una disparidad geográfica entre la disponibilidad de agua y la distribución de la población y sus actividades económicas.

Por lo que tenemos en el norte, centro y noroeste del país, zonas que ocupan 78 por ciento del territorio, habitan 77 por ciento de la población generándose 83 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), aunque únicamente se tiene 33 por ciento del agua renovable; mientras tanto, en el sureste, que ocupa 22 por ciento del territorio, habita 23 por ciento de la población y se genera 17 por ciento del PIB, se cuenta con 67 por ciento del agua renovable.

Uno de los datos más alarmantes señala que sólo 14 por ciento de los mexicanos reciben agua las 24 horas del día, mientras que únicamente 50 por ciento del volumen recolectado tras su uso recibe algún tratamiento y 40 por ciento del líquido que se distribuye se pierde a causa de fugas.

Todos esperamos a que la llamada operación caudal, -por sus efectos -, en concordancia con la Ley Nacional de Aguas que se acaba de aprobar, obedezca al punto de solución a la distribución equitativa del vital líquido catalogado como derecho humano por nuestra constitución, y no a un control político-electoral y pudiera pensarse que hasta en un negocio denominado popularmente “aguachicol”, que es solo para algunos.

Ya lo advertía desde el 2018 en su primer informe Javier Corral, entonces gobernador panista de Chihuahua, ahora flamante Senador por Morena: “La continuidad en la práctica de consumo semi clandestino de agua nos ha afectado a todos y todas por tres razones: primero por el abuso, segundo por permitir que unos paguen y otros no, y tercero, porque abre la puerta a la manipulación político-electoral sobre el acceso al agua, especialmente en colonias de escasos recursos”.

La solución desde un gobierno que quiera ver una alternativa es abrir a la transparencia la llave que surte el agua, aumentar la base gravable detectando y suprimiendo las tomas clandestinas e incorporando a la red de los organismos municipales a las comunidades que dependan de un comité autónomo (se abre la oportunidad por el cierre de pozos ilegales) y despejar toda duda de que hubo, hay o habrá manejo político-electoral o peor, un negocio como se ha visto ya en nuestro Estado en general pero en particular en nuestro municipio.

Y si no, que digan lo contrario.

* Las declaraciones y opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien las escribe y firma, y no representan el punto de vista de Enboga.