Opinión Por: Alejandro Pérez Corzo

El mazo de la opacidad

¿Un organismo público autónomo como el INAI es la única manera de garantizar el derecho a la información y la protección de datos personales? La respuesta es definitivamente no. ¿Es mejor que una dependencia subordinada al poder ejecutivo asuma esas funciones? Nadie puede afirmar con seriedad que sí.

Si bien la transformación del entramado institucional desde la Constitución, por parte de quien gana ampliamente una elección, no es algo intrínsecamente malo, el origen ilegítimo de la mayoría calificada con la que actúan, las dudosas motivaciones, la falta de seriedad en los análisis y la desconexión entre el discurso detrás de las reformas y la realidad del país son muy preocupantes.

Primero el IFAI y luego el INAI fueron catalizadores del proceso democratizador del país, con la apertura de la información pública que permitió documentar casos de corrupción que, de otra forma, habrían permanecido ocultos; el acceso ciudadano a las decisiones presupuestales y contractuales de las administraciones públicas; así como la implementación de políticas de protección de datos personales que resguardan la privacidad de los ciudadanos. Su desaparición, para encargar al principal sujeto obligado en materia de transparencia autorregularse, es de suma preocupación para quienes creemos que la normalidad democrática es la mejor herramienta de cambio social.

Como afirmó el diputado federal Juan Zavala: “la transparencia no puede garantizarse por quienes tienen incentivos para ocultar; el derecho a la información no puede depender de quienes desconfían de la ciudadanía”. El argumento de eficiencia administrativa o ahorro presupuestal pierde peso cuando se evalúan las consecuencias de entregar estas responsabilidades a una dependencia gubernamental que no tiene la autonomía necesaria para actuar sin presiones políticas.

La desaparición del INAI no solo amenaza la transparencia y el acceso a la información, sino que también podría impactar negativamente en otros derechos fundamentales y sectores clave. Un ejemplo evidente es la pérdida de confianza ciudadana en las instituciones públicas, indispensable para la estabilidad democrática. Además, sectores como el económico podrían verse afectados, ya que la falta de claridad en el uso de recursos públicos genera incertidumbre en la inversión privada y en las relaciones comerciales internacionales, donde la protección de datos es un estándar crucial.

Eliminar al INAI sin un modelo claro que garantice, al menos, los mismos estándares de autonomía e independencia equivale a desmontar un pilar central del sistema democrático. La transparencia no es un lujo; es una condición básica para que el poder rinda cuentas. Sin ella, se abre la puerta a la opacidad y a la discrecionalidad en el ejercicio del gobierno.

El derecho a saber y a la privacidad no son concesiones del Estado, sino conquistas ciudadanas que no deben retroceder por decisiones que responden más a intereses políticos que a un análisis técnico y jurídico serio. Por lo tanto, la defensa del INAI no es la defensa de un órgano en particular, sino de los derechos fundamentales de todos los mexicanos. Su desaparición no solo sería un retroceso institucional, sino una herida profunda a la democracia.

* Las declaraciones y opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien las escribe y firma, y no representan el punto de vista de Enboga.