La presidenta Claudia Sheinbaum endureció este domingo su discurso frente a Estados Unidos al acusar que existen acciones que podrían derivar en una intervención política en México y al defender públicamente al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como al senador Enrique Inzunza y otros exfuncionarios mexicanos señalados por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con integrantes de “Los Chapitos”.
Durante un mensaje pronunciado en el Monumento a la Revolución, la mandataria sostuvo que las solicitudes de detención con fines de extradición promovidas por autoridades de Estados Unidos contra funcionarios mexicanos representan un hecho sin precedentes en la relación bilateral y cuestionó los motivos detrás de dichas acciones.
Sheinbaum afirmó que resulta legítimo poner en duda el interés real de Washington en estos procedimientos judiciales y advirtió sobre lo que consideró un riesgo para la soberanía nacional y para los procesos democráticos del país. En ese contexto, aseguró que las acusaciones contra funcionarios electos podrían convertirse en una herramienta de presión política con consecuencias directas en futuras elecciones.
“Es legítimo dudar del verdadero interés en los juicios de extradición para autoridades electas, porque, primero, hay que tenerlo claro, vienen por unos, luego por otros, hasta que oficinas del Departamento de Justicia se vuelven el principal elector de México. Eso no lo podemos permitir”, declaró ante simpatizantes y funcionarios congregados en el acto.
Lo cual hace referencia y se relaciona con la reciente discusión legislativa sobre mecanismos para anular procesos electorales cuando exista intervención extranjera. Aunque no profundizó en los alcances de esa reforma, utilizó el tema para reforzar su argumento de que México debe preservar la autonomía de sus instituciones frente a presiones externas.
En su intervención también cuestionó la actuación de agencias estadounidenses en territorio mexicano. Recordó la muerte de dos agentes de Estados Unidos durante un operativo realizado en Chihuahua y señaló que posteriormente ocurrió un hecho que consideró aún más grave para la relación bilateral.
La mandataria hizo referencia directa a las solicitudes de detención con fines de extradición emitidas contra Rocha Moya, el alcalde de Culiacán y el senador Enrique Inzunza, asegurando que dichas acciones se promovieron sin que fueran presentadas públicamente las pruebas que sustentaran las acusaciones.
“Un hecho de esa magnitud no tiene precedentes en la historia de nuestra relación bilateral (…) debemos preguntarnos, surge la pregunta legítima, ¿es realmente interés legítimo, genuino por ayudar a México para combatir a la delincuencia organizada?”, expresó.
Las declaraciones se producen en medio de una creciente tensión diplomática entre ambos países por las estrategias de combate al narcotráfico y por la participación de agencias estadounidenses en investigaciones relacionadas con organizaciones criminales mexicanas. En semanas recientes, la cooperación bilateral en materia de seguridad ha estado bajo escrutinio luego de diversas acciones emprendidas por autoridades de Estados Unidos contra presuntos integrantes de grupos delictivos y personas vinculadas con estructuras de gobierno locales.
El posicionamiento de Sheinbaum representa hasta ahora uno de los mensajes más duros de su administración respecto a las decisiones adoptadas por Washington en materia judicial y de seguridad. Además, confirma el respaldo político de la presidenta hacia Rocha Moya y otros funcionarios señalados por autoridades estadounidenses, al considerar que las acusaciones carecen de sustento público suficiente y que podrían formar parte de una estrategia con implicaciones políticas más amplias.
La mandataria insistió en que la cooperación entre ambos países debe mantenerse dentro de los cauces institucionales y con pleno respeto a la soberanía mexicana. Bajo esa premisa, sostuvo que cualquier acción contra autoridades electas debe sustentarse en pruebas sólidas y procedimientos transparentes, al tiempo que reiteró que México no permitirá que decisiones tomadas fuera de sus fronteras influyan en la definición de sus procesos democráticos.
Con este mensaje, el gobierno federal elevó el tono de la confrontación política y diplomática respecto a las investigaciones impulsadas desde Estados Unidos, colocando en el centro del debate la defensa de la soberanía nacional, la relación bilateral en materia de seguridad y el impacto que este tipo de casos podría tener en el escenario electoral rumbo a 2027.
