En una sesión extraordinaria llevada a cabo en una sede alterna debido al bloqueo del edificio legislativo por trabajadores en huelga, la Cámara de Diputados aprobó la reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La reforma, que plantea la elección popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se aprobó con 359 votos a favor del partido oficialista Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y 135 votos en contra de la oposición.
La discusión, que se extendió por más de 11 horas, se llevó a cabo en Sala de Armas en Magdalena Mixhuca, ya que el Congreso fue bloqueado por empleados del Poder Judicial, quienes llevan dos semanas en huelga.
El proyecto de decreto aprobado reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución mexicana en materia judicial, y continuará su curso en el Senado, donde se espera una votación igualmente polémica debido a las tensiones políticas y las implicaciones internacionales de la propuesta.
La reforma judicial, una de las iniciativas más controvertidas de López Obrador, cuenta con el respaldo de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, quien asumirá el cargo el próximo 1 de octubre.
Los legisladores oficialistas argumentan que la reforma busca democratizar la justicia y eliminar la corrupción en el sistema judicial, mientras que la oposición y varios sectores internacionales, incluidos Estados Unidos y Canadá, han expresado su preocupación por el impacto que podría tener en la independencia judicial y la estabilidad democrática del país.
Durante el debate, el coordinador de los diputados oficialistas, Ricardo Monreal, defendió la propuesta destacando la necesidad de un sistema de justicia que no esté sometido a influencias externas al Poder Legislativo.
“El poder Legislativo no puede someterse a ningún juez o autoridad distinta a nuestra soberanía. México está construyendo un sistema de justicia que será un ejemplo en el mundo”, afirmó Monreal.
La reforma también ha sido vista como una respuesta directa a la Suprema Corte, que en múltiples ocasiones frenó reformas clave del presidente, especialmente en áreas de energía y seguridad. En este contexto, López Obrador acusó a los jueces de favorecer intereses particulares y actuar como aliados de la oposición.
Con la aprobación en la Cámara de Diputados, la reforma avanza hacia el Senado, donde Morena y sus aliados necesitan un voto adicional para alcanzar la mayoría calificada necesaria para reformar la Constitución sin necesidad de negociar con la oposición.
