El Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad una reforma al Código Penal local para tipificar como delito autónomo la administración subrepticia de sustancias, una medida que responde al creciente número de denuncias por “pinchazos” ocurridos en espacios públicos, principalmente en el Sistema de Transporte Colectivo Metro.
La reforma, impulsada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y la diputada del PRI, Tania Larios, fue avalada con el objetivo de frenar las agresiones con objetos punzocortantes, en las que las víctimas reportan haber sido inyectadas o pinchadas con alguna sustancia sin su consentimiento.
Con la modificación, se adiciona el artículo 141 Quáter al Código Penal capitalino, estableciendo una pena de 2 a 5 años de prisión y de 50 a 300 días de multa a quien administre sustancias por medios engañosos u ocultos. Además, las penas aumentarán hasta en una mitad si se cumplen ciertos agravantes:
- Se emplean sustancias tóxicas, narcóticas o psicoactivas
- Se pone en peligro la vida o salud de la víctima
- La víctima pertenece a un grupo vulnerable
- El hecho ocurre en transporte público
- Hay intención de cometer otro delito
- Participan dos o más personas
- El acto ocurre en un lugar cerrado o con acceso restringido
Aprueban tipificar "Pinchazos" como un delito; la iniciativa contempla una pena de prisión para quien suministre a otra persona una sustancia que altere su conciencia o salud. #ExcélsiorDigital #Metro #Pinchazos pic.twitter.com/U6RAyYqXqd
— Excélsior (@Excelsior) May 30, 2025
Así comenzaron las denuncias por pinchazos en el Metro
Desde mediados de marzo, comenzaron a difundirse en redes sociales testimonios sobre personas que sintieron un piquete repentino mientras viajaban en el Metro y posteriormente presentaron síntomas como mareo, somnolencia y desorientación.
Según la fiscal capitalina, Bertha María Alcalde, desde el 14 de marzo, fecha en que se registró el primer caso confirmado de pinchazo, se han contabilizado al menos 65 denuncias formales.
El Congreso local resaltó que esta reforma busca prevenir nuevos casos y dar certeza jurídica a las víctimas, al tiempo que se reconoce la gravedad de este tipo de agresiones, que no sólo atentan contra la integridad física, sino que generan temor colectivo en espacios públicos.