En medio del creciente escrutinio internacional sobre el sistema bancario mexicano, la Asociación de Bancos de México (ABM) emitió un comunicado este 1 de julio reafirmando la solidez y estabilidad del sistema financiero nacional.
La respuesta institucional llega pocos días después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), anunciara sanciones e investigaciones dirigidas exclusivamente contra CIBanco, Intercam Banco y Vector (cuyo accionista es Alfonso Romo, jefe de la oficina de Presidencia de Andrés Manuel López Obrador), alegando preocupaciones relacionadas con operaciones sospechosas transfronterizas y de lavado de dinero del narcotráfico.
“Los otros bancos” y la lupa internacional
Hace unos días, Peniley Ramírez publicó el artículo “Los otros bancos” donde expone una red de operaciones financieras poco transparentes vinculadas a actores políticos y empresariales en México, sugiriendo posibles omisiones regulatorias y cuestionando la vigilancia sobre ciertos bancos que, hasta ahora, habían operado fuera del radar público.
Si bien el reportaje no nombra explícitamente a CIBanco e Intercam, la coincidencia temporal entre la publicación periodística y las sanciones de FinCEN ha desatado una tormenta mediática y especulativa en torno al verdadero alcance del problema. Y en este contexto podría enmarcarse el comunicado de la ABM.
La postura oficial de la ABM
En su comunicado, la ABM fue enfática: “El sistema bancario nacional se mantiene sólido”. El organismo destacó que la medida estadounidense se limita a los dos bancos mencionados y no implica a otras instituciones del país. Las autoridades regulatorias mexicanas —incluyendo la SHCP, CNBV, Banco de México y la Procuraduría Fiscal— participaron en la reunión que derivó en esta declaración conjunta.
Las sanciones de FinCEN, que entrarán en vigor el próximo 21 de julio, restringen únicamente las operaciones de CIBanco e Intercam con entidades financieras de EE.UU. y empresas de servicios monetarios que operen en ese país. Sin embargo, la ABM aclara que no existen restricciones para que estas instituciones continúen operando con clientes nacionales o con contrapartes fuera de la jurisdicción estadounidense. Además de descartar que exista investigaciones contra otras instituciones financieras.
Además, se subraya que la intervención de las autoridades mexicanas es “operativa y temporal”, con el objetivo de garantizar la continuidad operativa y proteger a los ahorradores. Las obligaciones contractuales vigentes, así como las operaciones fiduciarias, seguirán cumpliéndose conforme a derecho.
Una defensa técnica ante una narrativa política
Aunque el comunicado busca transmitir certidumbre y control, llega en un momento donde el debate público exige más que tecnicismos. El reportaje de Ramírez reavivó la discusión sobre los mecanismos de supervisión bancaria en México y su posible vulnerabilidad frente al lavado de dinero y otras operaciones ilícitas.
En este sentido, el respaldo explícito del Banco de México, que aseguró que el sistema cuenta con “amplia liquidez”, tiene el objetivo de evitar efectos secundarios en el mercado financiero nacional, como retiros masivos o crisis de confianza.
La declaración de la ABM pretende clausurar el caso como un incidente acotado. Sin embargo, el contexto geopolítico y la presión internacional pueden exigir mayores niveles de transparencia y cooperación regulatoria.
Mientras tanto, el sistema bancario mexicano enfrenta un nuevo desafío: sostener su narrativa de estabilidad sin perder de vista las señales de alerta que, esta vez, provienen no solo de Washington, sino también de una prensa nacional que se mantiene vigilante y a la expectativa.
