En una resolución marcada por la división, el Instituto Nacional Electoral (INE) decidió no aplicar a Morena una multa de 55.2 millones de pesos, derivada de pagos irregulares que datan de 2019 y fueron autorizados por la entonces dirigenta nacional, Yeidckol Polevnsky. Esta decisión deja en evidencia tensiones entre fiscalización rigurosa y concesión de atenuantes por acciones posteriores del propio partido. También pone en duda la imparcialidad de la autoridad electoral, pues el día de ayer desechó evidencias clave relacionadas con otros escándalos, como el caso de los sobres amarillos entregados a Pío López Obrador, hermano del expresidente, o los “acordeones” de la elección del Poder Judicial.
Antecedentes del caso
El origen del caso se remonta a una denuncia interpuesta por el PRD, que daba cuenta de un pago de 395 millones de pesos ordenado por Polevnsky —entonces líder de Morena y hoy senadora— a dos empresas —Inmobiliaria Moscati de Querétaro S.A. de C.V. y Estrada Miranda Proyecto y Construcción S.A. de C.V., ambas del Grupo Ebor— para ejecutar obras de remodelación y mantenimiento que, según se comprobó, nunca se realizaron. El pago fue efectuado de manera anticipada, sin comprobantes ni evidencia de entrega o servicio, y el partido omitió reportarlo en sus informes de fiscalización.
Ante la falta de documentación, el INE solicitó contratos y evidencia visual ante los cuales Morena no pudo sustentar los recursos erogados.
Recuperación parcial y litigios internos
Con la llegada de Alfonso Ramírez Cuéllar a la dirigencia nacional del partido en 2020, se presentaron demandas penales y mercantiles contra Polevnsky. Gracias a acuerdos judiciales, se logró recuperar 284 millones 399 mil 856 pesos: 225.6 millones de Inmobiliaria Moscati y 58.7 millones de Estrada Miranda, pero quedaron 100 millones sin recuperar.
La Unidad Técnica de Fiscalización del INE concluyó que no todos los saldos fueron cobrados y propuso originalmente una multa equivalente al monto no recuperado —100 millones—, conforme al reglamento.
La votación en el Consejo General del INE
Durante la sesión del jueves 21 de agosto, el asunto culminó en una votación dividida: seis consejeros votaron por eximir la sanción, mientras que cinco votaron por mantenerla reducida. Los consejeros que apoyaron la exención consideraron que Morena demostró intención y acciones efectivas para recuperar el dinero, lo que representaba una atenuante válida, y que imponer una sanción del 100 % resultaría excesivo, sobre todo tras el convenio judicial y los esfuerzos realizados.
Entre los que votaron en contra estuvieron Carla Humphrey y Martín Faz, quienes advirtieron que la resolución abre un precedente peligroso, al no sancionar faltas de omisión en materia de fiscalización después de una investigación que duró cinco años.
Contexto político y judicial
Esta resolución se produce en medio del contexto en el que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha desechado evidencias clave relacionadas con otros escándalos, como el caso de los sobres amarillos entregados a Pío López Obrador, hermano del expresidente, así como los “acordeones” en la elección Judicial. Esa decisión —basada en insuficiente acreditación del origen, monto y destino de los recursos— ha sido criticada por debilitar mecanismos de transparencia y fiscalización partidista y pone en duda la imparcialidad del árbitro electoral.
La decisión del INE revela un dilema central en la política mexicana: la tensión entre actuar con rigor en materia de fiscalización partidista y reconocer la voluntad real de reparación por parte de los partidos políticos. Mientras algunos lo ven como una muestra de pragmatismo institucional, otros lo interpretan como una señal de laxitud ante irregularidades graves.
Para Morena, esta salida representa un alivio legal y financiero. Sin embargo, la omisión de sancionar plenamente a los responsables refuerza críticas sobre la impunidad en el manejo de recursos partidistas y plantea interrogantes sobre la eficacia futura del sistema de fiscalización.
