La presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Vania Pérez Morales, atraviesa una de las etapas más tensas de su trayectoria pública después de lanzar un exhorto formal al Senado de la República para que se investiguen posibles discrepancias en las declaraciones patrimoniales y fiscales del senador y exsecretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, dirigente de la mayoría parlamentaria de Morena. Lo que debía ser un ejercicio institucional de rendición de cuentas, según ella, ha derivado en presiones políticas, censura interna y amenazas directas a su integridad, al grado de considerar pedir asilo en el extranjero si persisten las condiciones de inseguridad y falta de justicia.
El punto de quiebre fue el pasado 21 de octubre de 2025, cuando Pérez Morales junto con otros integrantes del Comité hizo llegar a la Cámara Alta un oficio solicitando a las autoridades competentes —incluyendo al Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)— que se investigaran las supuestas inconsistencias entre lo declarado por Adán Augusto y los registros fiscales oficiales. La petición se fundamenta en señalamientos de posibles conflictos de interés y omisiones en ingresos de alto monto, cuestiones que también han sido objeto de denuncias por parte de legisladores de otros partidos, como la diputada panista María Elena Pérez-Jaén, quien reportó presuntas irregularidades relacionadas con más de 79 millones de pesos en declaraciones del senador.
Lo que siguió a ese llamado fue una reacción inesperada e intensa, según relata la propia presidenta del SNA: mensajes de acoso y amenazas tanto anónimas como directas, y presiones internas para silenciar el pronunciamiento. Un comunicado oficial respaldando la solicitud de investigación fue retirado de las redes del Sistema tras la intervención de otro consejero, en lo que Pérez Morales describe como censura impulsada desde instancias con vínculos políticos estrechos al Senado. La funcionaria denunció que incluso sus empleados recibieron presiones para eliminar la publicación, un acto que, en su opinión, sobrepasa la autonomía del organismo anticorrupción y revela la fragilidad de las instituciones frente a intereses partidistas.
Los señalamientos contra Adán Augusto no son nuevos en el espectro político mexicano. Diversas investigaciones periodísticas y denuncias parlamentarias han apuntado a inconsistencias patrimoniales y posibles enriquecimientos no declarados durante su carrera política, incluyendo su mandato como gobernador de Tabasco entre 2018 y 2022. Sin embargo, hasta ahora no se ha abierto una investigación formal o con avances visibles por parte de las autoridades competentes, lo que ha generado críticas de organizaciones civiles y analistas sobre la eficacia real del combate a la corrupción en el país.
En este contexto, Pérez Morales ha señalado públicamente que hacer su trabajo en México se ha convertido en un acto heroico, lamentando que ni sus propias denuncias ni las de ciudadanos ordinarios parezcan merecer atención o seguimiento. Afirma que la falta de respuesta del Senado y de otras instancias competentes ante su solicitud no solo refleja un obstáculo institucional, sino un clima adverso para la justicia y la transparencia. Su mandato al frente del SNA concluye oficialmente el 28 de enero de 2026, y ante la falta de garantías personales y profesionales, ha reconocido que evalúa solicitar protección internacional o asilo fuera de México si la situación de inseguridad persiste.
Este episodio pone de manifiesto no solo la polarización política que atraviesa México, sino también los desafíos estructurales que enfrenta el mecanismo de anticorrupción más importante del país. El SNA opera con serias limitaciones de personal y quórum para sesionar, y su supervivencia institucional ha sido puesta en duda por expertos y legisladores debido a la falta de nombramientos clave y de respaldo político para su funcionamiento pleno. La evidencia apunta a que la investigación de altos funcionarios —especialmente aquellos con fuerte arraigo partidario— sigue siendo un tabú político con costos personales significativos para quienes la impulsan.
La situación de Vania Pérez Morales, entre amenazas y una posible salida del país, plantea preguntas cruciales sobre el estado de la rendición de cuentas en México y el equilibrio entre el poder político y las instituciones diseñadas para vigilarlo. Si el país aspira a una lucha anticorrupción efectiva, su caso exige una reflexión profunda y acciones concretas para garantizar que quienes denuncian, no paguen con su libertad ni con su vida por hacerlo.
