En plena coyuntura política marcada por llamados insistentes a la austeridad y la justificación moderada en el uso de recursos públicos, la diputada federal de Morena, Sandra Anaya Villegas, se ha convertido en el centro de críticas y cuestionamientos tras publicar un video en TikTok donde aparece corriendo en la histórica Muralla China.
La grabación generó inmediata repercusión: mientras el discurso oficial impulsa la contención del gasto y un ejercicio responsable del cargo público, la diputada se muestra en una actividad que, aunque personal, se percibe como un despliegue de privilegio incongruente con el mensaje de mesura imperante.
La diputada subió otro video negando que sea ella quien aparece en el video
Polémica alrededor de los terrenos en Tequesquitengo
Las tensiones políticas en torno a Sandra Anaya no se limitan a su video. También enfrenta serias acusaciones por la adquisición —a precios que críticos califican como “irrisorios”— de cuatro terrenos en Tequesquitengo, Morelos, mediante financiamiento otorgado por el Instituto de Crédito al Servicio del Estado.
Según señalamientos públicos, el costo pagado por cada lote habría sido sustancialmente inferior al mercado, lo que ha detonado cuestionamientos sobre posibles irregularidades y favoritismos. Dicha operación habría contado con respaldo notarial del notario público Gregorio Alejandro Gómez Maldonado, con participación de funcionarios vinculados al Instituto de Crédito.
La diputada, por su parte, ha defendido la legalidad de la transacción. Asegura que actuó de buena fe en calidad de servidora pública durante la administración anterior, que el financiamiento era un derecho como beneficiaria del instituto de crédito, que no hubo tráfico de influencias, y que todo está debidamente reflejado en su declaración patrimonial.
En un posicionamiento aún más categórico, declaró: “no regresaré los predios”, y consideró como un “llamado a misa” las solicitudes para que los devuelva. También ha retado, públicamente, a quienes tengan pruebas de irregularidades a presentarlas ante instancias judiciales, asegurando que está dispuesta a responder legalmente.
En el cruce entre ostentación y austeridad
Estos hechos ocurren en un momento particularmente delicado para el gobierno federal, que busca proyectar una imagen de contención y moderación ante la ciudadanía. El contraste entre el despliegue personal de Anaya en un monumento emblemático de China —patrocinando, quizás sin intención, una narrativa de ostentación— y la tensión por la adquisición de terrenos a bajo precio, pone en entredicho la coherencia de su mensaje político.
Conclusión abierta
La diputada Sandra Anaya Villegas enfrenta así una bifronte problemática: por un lado, la percepción pública de que su conducta —personal y patrimonial— podría no estar alineada con los principios de austeridad que predica su partido; por otro, el riesgo reputacional y legal que representa la polémica compra de terrenos. Su respuesta ha sido firme, pero la discusión apenas comienza, y será responsabilidad de las autoridades correspondientes evaluar si hay materia para una investigación formal.
