En una decisión crucial, la Corte Suprema de Estados Unidos falló para restringir el poder de los tribunales inferiores de emitir mandatos judiciales de alcance nacional que impidan ejecutar órdenes ejecutivas presidenciales. Este fallo, aunque no determina la constitucionalidad del fin de la ciudadanía por nacimiento, abre paso para que la administración Trump implemente su polémica orden ejecutiva en 28 estados que no han desafiado la orden, mientras continúa el litigio.
Posible fin a práctica de casi 160 años
Este derecho a la ciudadanía está basado en la 14ª Enmienda, ratificada en 1868 tras la Guerra Civil, que estableció en su Cláusula de Ciudadanía que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos del país y del estado en que residan”. Esta enmienda puso fin a la sentencia Dred Scott (1857), que negó la ciudadanía a los afroamericanos.
El ejecutivo ordenado por Trump, titulado Executive Order 14160 (firmado el 20 de enero de 2025), pretende reinterpretar esta cláusula, excluyendo del derecho por nacimiento a los hijos de padres presentes en EE. UU. de forma ilegal o temporal (visas de estudiante, turista, etc.).
Aunque el mandato fue bloqueado por varios tribunales de distrito, la Corte Suprema determinó que tales bloqueos no pueden tener efecto nacional, limitando su alcance solo a los demandantes de las demandas concretas. Sus efectos sólo podrían aplicarse en jurisdicciones sin demandas vigentes. La Corte además ordenó un aplazamiento de 30 días antes de que puedan activarse nuevas medidas.
¿A cuántos inmigrantes afectará la medida?
Estimaciones vinculadas al caso Trump v. CASA citan que alrededor de 150 000 bebés nacen anualmente en EE. UU. por padres indocumentados o en situación irregular, situación que la orden de Trump pretende revertir mediante el fin de la ciudadanía por nacimiento. Asimismo, según datos del Migration Policy Institute y el censo, en 2024 el total de inmigrantes y sus hijos nacidos en EE. UU. alcanzó aproximadamente 93 millones (un 28% de la población nacional). Sólo los inmigrantes nacidos en el extranjero suman cerca de 53 millones, cifra récord y equivalente al 15.8% de la población total.
Repercusiones
¿Qué implica? La orden no revoca automáticamente la ciudadanía por nacimiento, pero habilita su implementación parcial en estados sin demandas judiciales, manteniendo viva la posibilidad de revocar a futuro la ciudadanía basada en suelo. Ahora, las cortes de distrito deberán reconsiderar sus fallos en un plazo de 30 días.
Los opositores —incluyendo la ACLU y varios estados— argumentan que Trump busca reinterpretar por decreto algo consagrado en la Constitución sin reforma, lo que fracturaría 150 años de jurisprudencia. Por el contrario, su equipo jurídico sostiene que interpretaciones erróneas del alcance de la 14ª Enmienda justifican la medida, y que los tribunales actuaron más allá de su competencia cuando emitieron injunciones nacionales.
La decisión de la Corte Suprema refuerza la autoridad presidencial sobre medidas controvertidas, remarcando límites judiciales. Sin embargo, el núcleo constitucional de la protección de ciudadanía por nacimiento todavía no ha sido resuelto.
Trump reaccionó ante esta medida diciendo que es una ¡GRAN VICTORIA!
